La EMT desiste de poner wi-fi en sus autobuses tras la exigencia de la CMT de repercutir el precio en los usuarios

l pasado 4 de febrero, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó el Plan Director de Infraestructuras de la Telecomunicación acordado entre el Ayuntamiento y las principales empresas del sector para garantizar que la accesibilidad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación sea similar en toda la ciudad.

Dentro de esta hoja de ruta se incluía, entre otras cosas, la apertura de la tecnología inalámbrica wi-fi y wimax, con nuevas zonas sin cables de libre acceso por la ciudad. Esa conectividad inalámbrica debía llegar asimismo a la EMT mediante la instalación en los aproximadamente 2.000 autobuses de la compañía de esta tecnología.

Sin embargo, el día 26 de ese mismo mes la CMT respondió que, dado que "el transporte de viajeros constituye el servicio principal prestado" por la EMT, no se considera "que la prestación del servicio de acceso a Internet sea necesaria para la satisfacción de los fines que le son propios a la entidad transportista".

"Es decir, no se considera que, para ofrecer el servicio de transporte de viajeros sea necesario prestar, además, el servicio de acceso a Internet, o que sea un servicio complementario", reza el texto, rematando que la instalación de acceso wi-fi en los autobuses no entra dentro del derecho de las administraciones públicas a ofrecer acceso a Internet a los ciudadanos dentro de sus edificios o dependencias, e incluso en sus inmediaciones, al no existir una especial vinculación de los usuarios con el servicio que justifique la prestación del mismo.

DISTORSIÓN DEL MERCADO

Asimismo, la Comisión entiende que, aunque la EMT aseguraba en su propuesta que se limitaría el acceso a los usuarios de la red de autobuses mediante, por ejemplo, una contraseña de la que se informaría en el interior de los vehículos, la actividad iría dirigida al público en general, lo que podría distorsionar la competencia del sector.

De hecho, esta actividad sólo podría ser tolerada si tuviera carácter provisional, si se sufragara mediante patrocinio o publicidad, o si se repercutiera su coste en el billete de usuarios. En el primero de los casos "la duración de la transitoriedad deberá valorarse en cada caso concreto", por lo que la EMT debería informar a la CMT de "los objetivos que se pretenden cubrir con dicha gratuidad transitoria, la duración de la prestación, el número de viajeros a los que cubriría por franjas horarias, el tiempo medio de disfrute del servicio, las restricciones de acceso y la financiación".

Por su parte, para poder financiar este asunto mediante patrocinio o publicidad, la Comisión de Telecomunicaciones recuerda que no pueden actuar como tales quienes reciben fondos de la Administración pública, ni sociedades mercantiles de titularidad pública, ni fundaciones públicas ni cajas de ahorros en las que el Ayuntamiento ejerza un control efectivo sobre sus órganos de Gobierno. Además, debe respetarse en todo caso la vinculación entre recursos para que no se trasladen recursos para unas actividades a la financiación de otras.

La última opción posible, por tanto, sería la repercusión del precio en el billete. Para hacerlo posible, la CMT establece que de no cobrarse ningún suplemento especial, "se estaría sufragando con fondos no obtenidos de la prestación de este servicio de comunicaciones electrónicas, sino que se financiaría con los ingresos del transporte, lo cual no estaría permitido por la normativa vigente".

Por eso, sería necesario "incrementar el precio del billete en la cuantía suficiente para cubrir los costes del servicio", permitiendo siempre a los usuarios "elegir entre la compra del billete con o sin derecho a recibir los servicios de comunicaciones electrónicas".

CONDICIONES "RESTRICTIVAS"

Para el director general de Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de Madrid, Alejandro Arranz, estas condiciones resultaban "tan restrictivas y absurdas para la gestión y para el ciudadano que la EMT desistió". "No tenía sentido llevar a cabo así la medida", explicó a Europa Press.

Y es que, tras conocer la resolución de la CMT, el Gobierno municipal estimó que la gestión del servicio de transportes con esta diferenciación del billete, así como la comprobación de que se cumplía con los requisitos resultaba "demasiada complicada" para la empresa, así como "un lío para los ciudadanos".

Por último, manifestó su esperanza en que la CMT no sea tan exigente con otras iniciativas municipales de ampliar el acceso wi-fi a los ciudadanos mediante 'islas' de conexión pública por la ciudad, similares a las que ya existen en lugares como, por ejemplo, la plaza de Santo Domingo.