Amnistía Internacional pide un marco legal que proteja a los niños de los videojuegos

n este sentido, advierte de que en 2006 el Gobierno español "no ha tomado ninguna medida significativa para asegurar que los menores no puedan acceder a videojuegos con contenidos no recomendados o para mayores de edad".

Aunque reconoce que sí se ha generalizado en España la aplicación del Código PEGI, pero advierte que la clasificación por edades que realizan las empresas fabricantes "a menudo es poco rigurosa y confusa, y la información aportada por los iconos utilizados no es suficiente para conocer el contenido del producto".

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, señala que "basar la protección de los menores en un código de libre adhesión por parte de las empresas de software de entretenimiento, es una dejación de responsabilidad por parte del Estado".

AI recuerda que, según un informe de 2005 de la Asociación Protégeles, un 20% de los menores reconoce jugar con videojuegos en los que se daña, tortura o mata a niños, ancianos o embarazadas. Además, la ADESE ha registrado que el crecimiento más intenso entre 2004 y 2006 se da entre los menores de 11 a 16 años, de los cuales un 78% consume videojuegos.

Ante esta situación, AI considera que las medidas anunciadas por la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, el pasado 20 de diciembre "son insuficientes" porque no sólo llega cuando la campaña de Navidad ya está avanzada, sino que se apoya en la voluntariedad de las empresas".

Por ello, la organización espera que la creación de una comisión de seguimiento del Código PEGI en España, también anunciada por la ministra, se ponga en marcha "lo antes posible" .

En todo caso, considera necesaria la adopción de una legislación marco de ámbito estatal que garantice la protección de la infancia y la adolescencia en todo lo relativo a la producción, distribución, venta, publicidad y promoción de los videojuegos.

Las comunidades tienen legislación pero no la cumplen

Beltrán censura que, hasta ahora, "el Estado español ha delegado la diligencia en esta materia en las Comunidades Autónomas, que han ido elaborando su propia legislación para controlar el acceso de los menores a videojuegos no recomendados para su edad".

Reconoce que en el ámbito autonómico en 2006 se han seguido produciendo algunos avances, "pero en ninguna comunidad autónoma se aplica de manera efectiva la legislación ni se sanciona su incumplimiento". Para demostrarlo, AI hizo la prueba con una niña de ocho años que, en un centro comercial de Madrid, sin ningún tipo de trabas estas navidades, compró el videojuego 'True Crime2: New York', destinado para mayores de 18 años.

Asimismo, denuncia la "también preocupante" situación en el acceso a videojuegos a través de Internet e insiste en el vacío de regulación del acceso de los menores de edad a contenidos que atentan contra su derecho a la protección en Internet, así como a través de la telefonía móvil, un canal para la descarga de videojuegos cada vez más accesible y utilizado por los menores.