SAPI propone software libre para enfrentar los delitos de propiedad intelectual

�El problema de las ventas de copias no autorizadas no se puede erradicar de la noche a la mañana”.

Tampoco considera saludable desmantelar ese canal de comercialización ya que se estima que los buhoneros manejan dos tercios del mercado de productos culturales (software, música, libros) en Venezuela. La estrategia es impulsarlos para que distribuyan tecnologías abiertas.

“Nosotros estamos impulsando el software libre para combatir los delitos de derecho de autor”, enfatiza.
Samán está abiertamente opuesto al término “piratería”, ya que según la legislación venezolana se refiere a delitos navales y no a delitos de derecho de autor.

“Creemos que el término es parte de una campaña publicitaria dirigida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con intenciones intervencionistas”, enfatizó.

Según el funcionario la estrategia de asociar “piratería” de software con "terrorismo", pretende abrir las puertas a una posible intervención a territorios no amigos a los Estados Unidos, al igual que se ha recurrido a otros delitos como “narcotráfico, trata de blancas, delitos ambientales”, para aplicar políticas de castigos o premios.

Bajo esta estrategia el Departamento de Comercio de los Estados Unidos evalúa, en el “Report Especial 301”, los índices de piratería de software, discos y video-juegos, pero no precisa cuál es la metodología empleada.

Eduardo Samán sostiene que no existen cifras confiables sobre las pérdidas ocasionadas por las copias de software no autorizadas. “No se puede decir que las ventas de copias no autorizadas sean sinónimo de ventas de copias de software legal”, resalta.
Según este informe los mayores índices de “piratería” en Latinoamérica ocurren en la Triple Frontera Brasil, Argentina y Paraguay.

Venezuela según este informe se encuentra en la lista gris. “Sucede que en Venezuela las copia no autorizadas constituyen un delito de acción privada, por lo que son las empresas quienes deben accionar los procedimientos legales, no obstante desde 1999 en la Dirección de Crimen Organizado de CICPC sólo ha recibido 4 denuncias y ninguna por delitos de violación de derecho de autor”,comenta.

Eduardo Samán no cree que con regulaciones como la Ley 263 aprobada en Colombia desde el año 2000, no se resuelve el problema sólo lo agudiza.

La Ley 263 modifica la Ley de Impuesto sobre la Renta, obligando a los empresarios a declarar que en sus empresas no usan software “pirata”, autorizando a las autoridades de Hacienda a auditar los sistemas de la empresa, lo que transforma al delito de propiedad intelectual en un delito de acción pública.

Samán cree que es mejor estrategia propiciar la migración hacia software libre o tecnologías abiertas, ya que una política represiva sólo agrava el problema.

“Es necesario otorgar períodos de gracia que permitan migraciones poco traumáticas”, enfatiza.

El funcionario asegura que el Decreto de Software Libe y el proyecto de Ley de Tecnologías Abiertas se enmarcan en esta estrategia de impulsar las tecnologías abiertas para disminuir el uso de copias ilegales.