Los usuarios de telefonía móvil con tarjeta prepago tienen dos años para identificarse o perderán la línea

os usuarios de muchos de estos teléfonos están identificados, ya que los suelen dar cuando se ponen en contacto con los servicios de información al cliente, aunque ahora tendrán que dirigirse a un distribuidor con un documento para que registre nombre y apellidos, nacionalidad, documento de identificación y su naturaleza (DNI o pasaporte) y en el caso de empresas el número de identificación fiscal.

Fuentes del sector señalaron que esta es la parte de las comunicaciones electrónicas con la que menos están de acuerdo ya que no se contempla en la directiva comunitaria sobre conservación de datos de comunicaciones electrónicas y no se está aplicando a todos los países.

Las operadoras aprovecharán esta normativa para animar a los clientes a pasarse a contrato, mediante promociones, por lo que se espera que se acelere esta tendencia que se observa en los últimos meses. Así, los datos de agosto indicaban que el número de usuarios de prepago había disminuido un 2,54 por ciento, mientras el de contrato había subido un 9,66 por ciento.

Estos datos de los clientes sólo serán utilizados en caso de que los pidan las autoridades, salvo que los usuarios den el consentimiento expreso a la operadora para poder utilizarlos para enviarles promociones y ofertas y, para ello, alguna operadora está preparando un formulario en el que además de los datos obligatorios incluyen otros bajo el apartado datos voluntarios.

Ante la perspectiva de tener que dar de baja a los clientes que no se adapten a la ley en dos años, las operadoras preparan ya sus campañas de información que se prolongará en este periodo, y diseñan fórmulas para hacer más fácil el trámite a sus usuarios.

Para los nuevos clientes de prepago, a partir del 8 de noviembre será obligatorio que den sus datos cuando compren un teléfono móvil y para ello deberán llevar un documento de identidad. Sus datos formarán parte de en un registro que los operadores cederán a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se lo soliciten.

Fuentes del sector de telecomunicaciones señalaron la dificultad para cumplir esta parte de la ley por el escaso margen de tiempo para ponerla en marcha.

Explicaron que las operadoras, aunque se han ido preparando en los últimos meses, no podían tomar decisiones definitivas hasta que se aprobará la ley y esto se produjo hace pocos días.

Esta ley, aprobada en el marco internacional para luchar contra el terrorismo, obliga a las operadoras a conservar los datos de tráfico y de localización de las llamadas durante dos años y facilitarlos a las autoridades de seguridad del Estado cuando lo soliciten.

Las operadoras tienen seis meses para preparar sus sistemas para el requerimiento exigido de guardar los datos de tráfico, aunque ya trabajan en este tema desde hace tiempo.

Cuando en febrero de 2006 se aprobó la norma comunitaria, el sector señaló que supondría un coste de unos 100 millones de euros la adaptación de esta medida, más el de mantenimiento de los sistemas, y pidió, sin éxito, que el Estado asumiera el coste o una parte del mismo.