Los móviles prepago dejarán de ser anónimos para facilitar investigaciones

sí se prevé en el Proyecto de Ley de Conservación de Datos en comunicaciones electrónicas y redes públicas que aprobó el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, y que añade la exigencia para los operadores de abrir un libro de registro que recoja la identidad de los compradores de esas tarjetas prepago.

La norma afecta también a la cesión de datos de las comunicaciones electrónicas a las Fuerzas de Seguridad, ya que establece la obligación para los operadores de estos servicios de conservar todos los datos que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicación, así como la identidad de todas las personas implicadas en ellas.

Esa exigencia no afectará nunca al contenido de la comunicación y requerirá siempre una autorización judicial.

Los operadores conservarán los datos durante un plazo de 12 meses a contar desde el momento en que se haya producido la comunicación, y sólo se conservarán los necesarios para identificar su origen y destino, la hora, fecha y duración, el tipo de servicio y el equipo de comunicación utilizado por los usuarios.

Con todo ello, el Gobierno considera que se refuerzan considerablemente los instrumentos disponibles para el ejercicio de las funciones de seguridad pública de los cuerpos policiales competentes, que podrán acceder a unos datos que en la actualidad no siempre están disponibles, lo cual dificulta la averiguación de los delitos.

Según informó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es esencial que la Policía, y de forma especial la Policía Judicial y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tengan acceso a la información que circula por Internet o por las líneas telefónicas, fijas o móviles, dado que "las redes de delincuencia organizada suelen reclutar especialistas de nivel en el manejo de estos medios electrónicos".

Fernández de la Vega se mostró convencida de que esta medida va a aumentar la eficacia "tanto en la persecución de delitos como en la obtención de pruebas judiciales".

Pese a ello, la vicepresidenta añadió que el Gobierno "es consciente de que la seguridad pública debe mantenerse sin merma o limitación del derecho a la intimidad y a la privacidad", y por ello el Proyecto de Ley incluye herramientas para garantizar el uso legítimo de los datos.

La norma, aprobada a propuesta de los Ministerios de Justicia, Interior, Industria, Turismo y Comercio y Defensa, incorpora al ordenamiento español una directiva comunitaria sobre conservación de datos generados o tratados en comunicaciones electrónicas y ha sido sometida a informe de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.