Los ministros de telecomunicaciones de la Unión Europea han dado un primer apoyo a los planes para recortar los costes de llamar por teléfono móvil al extranjero, pero dijeron que la fijación de los precios al consumidor directamente debería ser el último recurso.
a comisaria de Sociedad de la Información de la Unión Europea, Viviane Reding, que impulsó los planes, quiere imponer límites de precio para las tarifas mayoristas de las llamadas en itinerancia que un operador cobra a otro dentro de los 25 países de la Unión.
También pretende imponer límites tarifarios al por menor que se cobran a los clientes de la UE para asegurarse de que se beneficien de los precios mayoristas más bajos.
El borrador de la Comisión Europea había causado malestar entre los operadores, que dicen que ya están reduciendo las tarifas y que una regulación draconiana ralentizaría la inversión.
Los ministros de telecomunicaciones de la UE en principio respaldaban
el plan de Reding, una de las políticas más populares del bloque en años.
Sin embargo, la mayoría de los países apoyaron la propuesta francesa y británica de diluir el impacto de la medida y abogaron por la llamada "cláusula del amanecer".
Esta medida llevaría a controlar los precios minoristas sólo para los operadores que no los han reducido voluntariamente por debajo de la media acordada en los seis meses posteriores a que la ley entre en vigor.
"De esta forma estaríamos permitiendo reaccionar a los operadores", dijo el ministro de Industria francés, François Loos, en la reunión.
El plan de Reding impone automáticamente una regulación al por menor y sin condiciones seis meses después de introducidos los límites tarifarios al por mayor.
La propuesta anglofrancesa también busca un límite único al por menor, mientras que la de Reding pretende una variedad de límites de precio dependiendo del tipo de llamada.
Reino Unido y Francia creen que sus cambios darían a los operadores más flexibilidad para competir y diseñar atractivos paquetes de llamadas en itinerancia.
Los países de la UE y el Parlamento Europeo tendrán la última palabra sobre estos planes, que está previsto entren en vigor el próximo año.
Portugal, Rumania, República Checa, Suecia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Bélgica, Letonia, Dinamarca, Malta y Austria apoyaron los cambios impulsados por Francia y Reino Unido.
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