Las operadoras no tendrán que identificar a los actuales usuarios de tarjetas prepago

egún este nuevo artículo, la obligación de identificar a los titulares sólo afectará a los usuarios que se den de alta una vez que entre en vigor la nueva ley. De esta forma, compañías como Movistar, Orange, Vodafone o Yoigo no tendrán que identificar a los cerca de 21 millones de usuarios de prepago que tienen actualmente.

El artículo 8, que no se incluyó en su momento en el anteproyecto de Ley, responde a las peticiones de las compañías, que plantearon en su día la dificultad y el coste de llevar a cabo las identificaciones. Sólo el registro de los datos y su almacenamiento supera los 20 millones de euros. Además, los operadores se quejaban de la falta de un instrumento legal para poder cortar el servicio a los titulares que no facilitaran sus datos.

El anteproyecto de ley introducido inicialmente por el Ejecutivo daba un plazo de seis meses a las operadoras para conseguir los datos de sus clientes a los que, de no hacerlo, deberían cortar el servicio.

Además, según el texto original, las compañías deberían llevar un libro-registro con la identidad y nacionalidad del titular de la tarjeta o la identificación fiscal en caso de empresa.

Conservación de datos

Esta norma, extensible a las compañías de Internet y telefonía fija, recoge que las empresas deben conservar durante un plazo de un año datos como: número de teléfono; nombre y dirección de la persona que llama y el destinatario; fecha y hora de comienzo y fin de la comunicación; dirección del protocolo de Internet; datos que permitan la identificación geográfica de la celda; origen y destino de la llamada, e identificación de los desvíos de llamadas.

Además, la normativa establece que este plazo de un año pueda ampliarse o reducirse hasta un máximo de dos años y un mínimo de seis meses.

Por otro lado, las compañías no están obligadas en ningún caso a registrar datos de los contenidos de la conversación o comunicación, en caso de mensajes de texto o correos electrónicos.

Con esta modificación, el Gobierno ha optado por suavizar su adaptación a la directiva europea sobre Retención de Datos de Tráfico Telefónicos y de Comunicaciones Electrónicas, introducida para luchar contra el terrorismo y la delincuencia, aunque no deja de ser "una herramienta que invade las vidas privadas de los ciudadanos europeos", según la Comisión de Libertades Informáticas (CLI).