La conexión a Internet en el extranjero se cortará automáticamente cuando haya alcanzado el máximo marcado

sí lo impone la nueva legislación comunitaria sobre la utilización del móvil en itinerancia (roaming) aprobada el pasado junio, que pretende reducir las tarifas y que éstas se aproximen a las que pagan los usuarios en sus países de origen.

Las operadoras deberán ofrecer un mecanismo por el que, después de un aviso, la conexión a Internet de los usuarios cuando estén en el extranjero se cortará automáticamente una vez que su factura haya alcanzado un límite específico.

El portavoz comunitario de Telecomunicaciones, Jonathan Todd, indicó en una rueda de prensa que ésta es una "buena noticia para los usuarios", que podrán fijar el límite de descarga de datos cuando estén en el extranjero.

"No entrarán en shock a final de mes cuando les llegue la factura", comentó.

"Confianza" en las redes móviles

Para la comisaria europea de la Agenda Digital, Neelie Kroes, esta medida ayudará además a "construir la confianza" de los usuarios en las redes móviles para navegar en Internet cuando estén en otro país.

Bruselas confía en que, de esta manera, aumente la transparencia y la protección de los consumidores y se eviten casos como el de un viajero alemán que, en 2009, descargó un programa de televisión en Francia a través de su móvil y se enfrentó después a una factura de 46.000 euros.

También mencionó el ejemplo de un estudiante británico que recibió una factura de 9.000 euros en un mes, cuando llevaba a cabo un curso en otro país.

Límite de 50 euros

La regulación europea obliga desde este lunes a los operadores a ofrecer un límite mensual de 50 euros de descargas de datos en itinerancia, u otros límites que fijen con los clientes. Tendrán que avisar a los usuarios cuando hayan consumido el 80% del tope elegido.

Hasta el próximo 1 de julio, los consumidores tendrán que pedir el límite de desconexión para beneficiarse de esa medida, pero, a partir de esa fecha, ese límite se fijará de manera automática en 50 euros.

La legislación europea ha situado en 1 euro el precio que los operadores deben pagar entre sí por cada megabyte descargado, lo que debería traducirse en rebajas de las tarifas para los consumidores.