Las operadoras de telefonía móvil han pedido al Ministerio de Sanidad y Consumo que elabore un informe que despeje las dudas de los ciudadanos sobre los supuestos efectos nocivos de las antenas y allane así el camino a su instalación, informaron a Europa Press fuentes cercanas a las compañías.
ste asunto fue muy probablemente abordado hoy en la reunión mantenida por los consejeros delegados de Telefónica Móviles España, Vodafone y Amena con el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, que contó también con la presencia de la patronal Aetic.
Otra de las propuestas lanzada por las compañías, que han alertado en numerosas ocasiones sobre el freno al desarrollo del sector que suponen las trabas al despliegue de antenas, es la petición a los ayuntamientos gobernados por el PSOE de que agilicen la concesión de licencias para instalar infraestructuras.
La difícil situación provocada por las prevenciones de los ayuntamientos a la hora de conceder licencias para instalar antenas llevó al Gobierno a crear la Comisión Sectorial para el Despliegue de Infraestructuras de Radiocomunicación, en la que están presentes los representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En calidad de invitados asisten representantes de los colegios de ingenieros de telecomunicaciones y de Aetic.
Según los datos de las compañías, las operadoras de telefonía móvil sólo pudieron instalar el 28% de las antenas que tenían previsto desplegar en 2003, debido a las dificultades para obtener los permisos necesarios.
Este dato demuestra que la complicada situación que viven las operadoras en lo que respecta al despliegue de infraestructuras ha empeorado progresivamente en los últimos años, ya que en 2002 realizaron el 41,5% del despliegue previsto y en 2001 el 54,4%.
El impacto negativo de las dificultades de despliegue no se limita al sector de la telefonía móvil, sino que se extiende a la economía en su conjunto. Según un estudio del Instituto de Empresa, la telefonía móvil dejará de contribuir al Producto Interior Bruto (PIB) en casi un 1% en el período 2003-2005 si se mantiene la paralización en la instalación de infraestructuras.
El citado estudio revela que el servicio no prestado entre 2003 y 2005 como consecuencia de la falta de infraestructuras rondaría los 14.000 millones de minutos en llamadas. Además, las consecuencias económicas negativas de la congelación del despliegue de antenas serían "múltiples".
Si quieres recibir cada semana las noticias más interesantes suscríbete a nuestro boletín.
Por supuesto que se debe "elaborar" un informe favorable, para no entorpecer el camino de la operadoras de comunicaciones. El PIB en mas importante que la salud publica.
POR ENCIMA DE LAS EMPRESAS ESTA EL ESTADO Y EL DEBE ABORDAR ESTE ASUNTO CON SERIEDAD Y CON TODAS SUS CONSECUENCIAS. SI LAS ANTERNAS SON PERJUDICIALES QUE SE PROHIBAN ,PERO ,SI NO FUERA ASI , HAY QUE DEJAR DE POSIBILITAR QUE CADA POBLACION HAGA LO QUE PAREZCA Y LOS USUARIOS LO PASEMOS FATAL PARA HABLAR.