Visitas de comerciales haciéndose pasar por empleados de Telefónica, envío de contratos no solicitados y hasta falsificación de firmas. La Asociación de Internautas (AI) denuncia que éstas son algunas de las tácticas que usan ciertas compañías telefónicas, para quitarle clientes al operador dominante. Y lo hace apoyada en 400 quejas que han llegado a sus oficinas.
n Estados Unidos, donde la competencia comenzó antes, el slamming es un delito. En nuestro país, sólo en el caso de que los datos personales se hayan obtenido de forma ilegal, puede ser perseguido. Ahora mismo hay expedientes abiertos en Sevilla y Barcelona por estos hechos.
La preasignación fraudulenta ataca la libre elección de los clientes y los somete a una nueva situación tarifaria que el usuario puede desconocer, dice Víctor Domingo, presidente de la AI. Lo difícil para los competidores de Telefónica es obtener los datos de los usuarios. Mucha gente que contrata el acceso a Internet con una empresa distinta de Telefónica abre, sin saberlo, la puerta a los abusos, continúa Domingo.
La AI ofrece a los afectados un formulario donde explicar su caso. Recomienda tener claro con qué compañías se tiene un contrato. También aconseja anotar para qué servicio es cada una de las preasignaciones. La Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones se ha comprometido a revisar todos los casos.
Las operadoras se defienden. Reconocen que ha habido algunas reclamaciones por preasignaciones que el afectado no había pedido, pero aclaran que son muy pocas. También alegan que, en la mayoría de los casos, han sido realizadas por comerciales ajenos a la empresa. Además, aseguran que a ellas no les favorecen estas artimañas. En este mercado, con una competencia tan feroz, debemos cuidar al usuario, nos va la supervivencia en ello, aseguraron fuentes del sector.
Uni2, por ejemplo, reconoce que existe fraude entre los distribuidores, pero en una pequeñísima proporción, aclaran. Estamos trabajando para evitarlo, también somos daminificados, alegan. En Uni2 han puesto en marcha un sistema por el que, cuando un comercial les lleva un contrato, la empresa llama al nuevo cliente para asegurarse de su consentimiento.
Yo no responsabilizo a las operadoras sino al sistema que tiene el efecto perverso de incitar a la preasignación fraudulenta, afirma Víctor Domingo. El presidente de la AI acusa al Gobierno de que, en su afán por promover la libre competencia, se ha olvidado de imponer unas mínimas normas. Es que no hay reglas del juego, dice. En su opinión, solo la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones está haciendo algo para eliminar los abusos.
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