Banco Sabadell adquiere el 10% de SendeCO2

ionera en España Creada en Barcelona en septiembre de 2004, SendeCO2 (www.sendeco2.com) nació al amparo del plan de asignación de emisiones de dióxido de carbono aprobado por el Gobierno español con el objetivo de facilitar la negociación y el intercambio por Internet de los derechos de emisión entre las empresas emisoras españolas -1.100 en todo el Estado- y las del resto de Europa -unas 12.000. Esta bolsa, que también tiene delegaciones en Italia y Portugal, actúa así como central de compras de derechos en el mercado europeo y es la referencia para el sur del Viejo Continente en el mercado mundial de los derechos de emisión.

Actualmente, empresas especializadas en el diseño y la aplicación de sistemas y procesos de ingeniería para la gestión de las necesidades medioambientales, como Ros Roca, Hera Holding y GBI Servicios, son accionistas de esta sociedad, a la que apoyan también el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana y la Fundación Forum Ambiental, dedicada a fomentar el diálogo y la colaboración entre las empresas, las administraciones y la sociedad en general, con la finalidad de conseguir un modelo de desarrollo más sostenible.

SendeCO2 forma parte de la alianza europea Climex, que reúne a las bolsas de los países escandinavos, Benelux, Reino Unido y de la Europa del Este (Polonia, Hungría, República Checa), y tiene formalizados acuerdos también con diferentes instituciones empresariales, que agrupan a más de 350 plantas emisoras, y con AENOR, la entidad de certificación responsable de la verificación de las emisiones en más de 500 plantas.

Mercado de los derechos de emisión El Protocolo de Kyoto, firmado hace diez años por 150 países, entró en vigor en el año 2005 con el objetivo de limitar las emisiones de CO2 a la atmósfera y evitar así que el llamado efecto invernadero repercuta en el cambio climático. Con este acuerdo global, las empresas o plantas emisoras, fundamentalmente centrales eléctricas, fábricas de cemento, siderúrgicas, refinerías, papeleras, vidrieras y de fabricación de tejas, baldosas y ladrillos, deben ser mucho más eficientes (emitir menos toneladas de CO2) y tienen que comprar derechos de emisión o invertir en proyectos de energías renovables en países industrializados o en vías de desarrollo. De esta manera, un problema medioambiental se transforma en económico.

Al final de cada año, las empresas emisoras pasan una auditoría para calcular el volumen de toneladas de CO2 que han emitido. Por cada tonelada métrica de CO2 emitida en exceso tienen que pagar una multa, que a partir de 2008 será de 100 euros.

La asignación total para España en el período 2008-2012 será ahora de 152 millones de toneladas métricas/año, con una reducción del 19% (30 millones de toneladas métricas) y del 24% respecto de las emisiones de 2005. Estos derechos, que tienen un precio fijado por tonelada métrica, se distribuyen entre las empresas emisoras, que son las que administran y gestionan según sus necesidades, de manera que se convierten en commodities equiparables a materias primas con demanda global y negociables en los mercados especializados.