Termina el monopolio de telecomunicaciones en Costa Rica

a legislación forma parte de las obligaciones aceptadas por Costa Rica para poder aplicar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana.

Otra iniciativa, que permitiría al apertura del sector de seguros en manos de otro monopolio estatal, queda como tarea pendiente.

"Esta ley es parte del camino hacia el progreso, un camino que transitaremos sin miedo y con la convicción de que es posible llegar hasta el final", manifestó tras la firma el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, hermano del mandatario, quien evita hablar por un problema con sus cuerdas vocales.

El ministro aseguró que la nueva legislación "recalca los principios de solidaridad, transparencia y competitividad en beneficio del usuario... será un mercado claramente regulado, donde los oferentes privados tendrán por igual derechos y deberes con el Estado y los usuarios".

Añadió que además esos operadores privados "tendrán que destinar parte de sus utilidades a financiar proyectos de telecomunicaciones en beneficio de los sectores menos favorecidos del país".

"No basta solo contar con acceso a la tecnología, sino que ésta sea de calidad, a precio accesible y con buena cobertura y eso solo se da con una competencia transparente", resaltó Arias.

El ICE es la institución autónoma del Estado más grande del país con cerca de 15.000 empleados y hasta el momento ha controlado todo lo referente a servicios de telefonía, tanto fija como celular, así como los servicios de internet, pero solo los servicios móviles y de internet serán abiertos a la competencia.

Aunque la ley tuvo mucha oposición durante la discusión del tratado con los estadounidenses, la misma disminuyó luego que el acuerdo fue aprobado en octubre del año pasado mediante un referendo.

El plan obtuvo dos votaciones en el Congreso. En la segunda y final a mediados de mayo recibió 35 votos a favor y 14 en contra con la presencia de 49 de los 57 diputados que conforman el legislativo. Luego pasó a consulta de la Corte Constitucional y por último restaba la firma del presidente.

Costa Rica, único país donde aún no está vigente el tratado, tiene plazo hasta el 1 de octubre para cumplir la agenda de implementación necesaria para poner en marcha el tratado, luego de una prórroga solicitada en febrero anterior.