El Gobierno aprobó el sábado un decreto por el que se declara el estado de alarma por primera vez en la democracia, para tratar de forzar a los controladores aéreos a volver a trabajar, tras una huelga ilegal que mantiene paralizado el transporte aéreo en España.
El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto (...) ...por el que se declara el estado de alarma de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución", dijo el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la reunión extraordinaria del consejo.
"El efecto inmediato es que los controladores pasan a estar (...) movilizados, lo que supone que caso de no asistir al trabajo estarían incurriendo en delito de desobediencia tipificado en el Código Penal militar", agregó.
Esto supone que los controladores deberán acudir a sus puestos de trabajo y en el caso de que se nieguen estarán incurriendo en un delito penal de sedición.
Según Rubalcaba, a efectos prácticos esta situación supone que a partir de ahora los controladores "pasan a estar movilizados" y, "si no van a trabajar, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en Código Penal militar".
En este sentido, ha señalado que las penas a los controladores que no ejercen su trabajo serán de prisión, si bien no ha concretado el tiempo de la pena a la espera de consultar al fiscal general del Estado. Ante la situación de algunos aeropuertos, que han contado con la presencia de controladores aunque sin ejercer su trabajo, ha aclarado que la aplicación del real decreto "será igual" para ellos, al incurrir "en el mismo delito de desobediencia".
Asimismo, ha aclarado que las previsiones gubernamentales no contemplan que "dure tanto" esta medida --en alusión a los 15 días--. En caso de que se agote el plazo, el Gobierno debería acudir al Congreso de los Diputados para solicitar una prórroga.
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