El Gobierno español creará un Defensor del Usuario en la futura Ley de la Administración Electrónica

l borrador «reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos», asegurando siempre «la disponibilidad, el acceso, la integridad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias». La Ley, que se aplicará tanto a las Administraciones Públicas como a entidades que dependan de ellas, además de a empresas y particulares en sus relaciones con la Administración, propone, en su artículo tercero, «facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y al procedimiento, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso».

En el texto también está previsto combatir la actual desconfianza de los ciudadanos hacia internet «estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos fundamentales», «en especial los relacionados con la intimidad».

Para conseguir estos fines, se prevé la creación de la figura del Defensor del usuario de la Administración Electrónica quien, nombrado por el Consejo de Ministros, velará por los derechos de los ciudadanos y «atenderá las quejas que se produzcan por la vulneración de dichos derechos».

En cuanto a los servicios, la Ley prevé en su artículo 8 garantizar el acceso también a quienes «no dispongan de medios propios o conocimientos suficientes». Para ello, existirán oficinas de atención presencial que facilitarán, de forma gratuita, medios y orientación para su uso, así como servicios de atención telefónica que orienten a los usuarios y despejen sus dudas.

La identificación y acreditación de la voluntad de los ciudadanos se realizará por medio de los certificados electrónicos del DNI o, en su caso, firma electrónica, además de claves concertadas en un registro previo.