Aprobada la Ley para Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos

a intención de esta ley, que no ha estado exenta de polémica durante su tramitación, es permitir realizar cualquier tramitación administrativa por Internet, teléfono, televisión o cualquier otro medio electrónico disponible en el futuro.

La Ley, en la que se incluyeron todas las enmiendas procedentes del Senado, obliga a la Administración General del Estado a garantizar que los usuarios podrán hacer todos sus trámites de forma telemática a partir de 2009.

De esta forma, quienes quieran podrán usar los medios electrónicos para pedir información, hacer solicitudes, transacciones, oponerse a resoluciones y actos administrativos y cuantos derechos y facultades les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo.

Uno de los asuntos que más polémica han suscitado acerca de esta nueva ley tiene que ver con el uso o no de estándares abiertos en las aplicaciones de las Administraciones Públicas.

Al final, el texto recoge la no discriminación de los ciudadanos por su elección tecnológica y define 'estándar abierto' (aquel que "sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, y que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial"), algo que el Senado evitó.

En teoría, la norma permitirá a los ciudadanos utilizar los programas y el 'software' que deseen porque se recoge la 'interoperabilidad', de forma que tanto los usuarios de 'software' libre como los vinculados a multinacionales podrán hacer sus trámites sin problemas.

No obstante, durante su paso por la Cámara Alta se estableció como principio general que las Administraciones Públicas utilicen "estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos".