Alemania bloqueará por ley la pornografía infantil online

a legislación sigue el ejemplo de medidas tomadas por países como Reino Unido, Italia y los países escandinavos.

"No queremos tolerar que la violación de niños, incluso bebés, esté ampliamente disponible en Alemania", dijo a los periodistas la ministra de Familia, Ursula von der Leyen. Todos los proveedores de internet del país tendrán que acatar la ley.

Von der Leyen explicó que las medidas podrían reducir hasta en un 80 por ciento el acceso de nuevos consumidores a este tipo de contenido en Internet.

La ministra indicó que países como Reino Unido, Italia y los escandinavos, que bloquearon el acceso a estas páginas web hace varios años, han sido un modelo para Alemania.

"Si estos países pueden superar cualquier problema técnico y legal y combatir con éxito la pornografía infantil online, en Alemania podemos hacer lo mismo", afirmó.

Según el Ministerio, la pornografía infantil es un problema en expansión y las cifras oficiales indican que el acceso a ese material en Internet se duplicó de 2006 a 2007. Los vídeos y fotografías muestran una violencia cada vez mayor contra niños pequeños.

Este problema ha recibido una atención especial en Alemania en las últimas semanas, después de que el diputado socialdemócrata Jörg Tauss admitiera que tenía pornografía infantil. El político dijo que no era un pedófilo y negó cualquier mala práctica, afirmando que había recogido el material para investigación.

Se espera que la nueva ley tome forma a mediados de abril y que la instalación del software para bloquear el acceso a estas páginas lleve otros tres o seis meses.

Limitar el acceso a la información es un asunto sensible en Alemania debido a su pasado nazi y al Gobierno comunista que administró la zona este del país, pero von der Leyen indicó que la prioridad es proteger a los niños.

"La vulnerabilidad y la dignidad de los niños es más importante que la comunicación de masas", dijo.

Hasta ahora, las empresas de Internet han acordado voluntariamente firmar un contrato con el Gobierno y la Oficina Criminal Federal cubre el 75 por ciento del mercado.