La CE amenaza a España con multas diarias por no tramitar la legislación comunitaria sobre derechos de autor

l Ejecutivo comunitario presentó además sendas denuncias ante el TUE contra las autoridades españolas por no haber incorporado a la legislación española las directivas sobre mediación en los seguros y sobre abuso de mercado. Finalmente, remitió un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, por la falta de transposición de la legislación comunitaria sobre pensiones profesionales.

Bruselas subraya que la directiva sobre derechos de autor constituye un "elemento esencial" del proceso destinado a actualizar la legislación europea sobre los derechos de autor. Con ella se pretende garantizar un nivel de protección adecuado en el entorno digital a los autores y a los demás titulares de derechos, y proteger cualquier material cubierto por los derechos de autor, incluidos los libros, las películas y la música.

Asimismo, en la directiva se garantizar un mayor nivel de seguridad para el comercio transfronterizo de bienes y servicios protegidos por los derechos de autor con el objetivo de facilitar el desarrollo del comercio electrónico de nuevos productos y servicios multimedia.

Los Estados miembros se comprometieron a aplicar esta norma antes del 22 de diciembre de 2002. El TUE ya dictó sentencia contra España en abril de 2005 por retrasarse en la transposición de la directiva, y también contra Finlandia y Francia. Por ello, Bruselas decidió iniciar nuevos expedientes contra estos países por no haber cumplido la sentencia del Tribunal.

La Comisión ha decidido archivar el expediente contra Finlandia, país que ha finalizado la transposición de la directiva, y aplazar su decisión contra Francia, en donde se está aprobando la ley que permitirá aplicar la directiva, pero envía un dictamen motivado a España porque no le ha comunicado ninguna información al respecto.

MEDIACIÓN EN LOS SEGUROS Y ABUSO DE MERCADO

El Ejecutivo comunitario anunció además que llevará a España ante el Tribunal de Justicia por no haber incorporado a su legislación nacional la directiva sobre mediación en los seguros, que todos los Estados miembros estaban obligados a transponer antes del 15 de enero de 2005. El Gobierno ha comunicado algunas medidas nacionales, pero ha indicado que se precisa más legislación nacional.

Esta norma forma parte del plan de acción sobre servicios financieros, y tiene como objetivo mejorar las posibilidades de elección de los clientes y reforzar su protección, ayudando al mismo tiempo a los intermediarios, como los corredores de seguros, a comercializar sus servicios más allá de las fronteras nacionales.

En la directiva se exige a todos los intermediarios que estén registrados en su Estado miembro de origen, para lo cual deben cumplir unos requisitos estrictos. Una vez registrados, los corredores tienen libertad para vender sus servicios en toda la UE. Bruselas denuncia que el actual estado asimétrico de aplicación de la normativa distorsiona el mercado e impide que los intermediarios de seguros presten sus servicios en igualdad de condiciones en el mercado interior. Además de a España, el Ejecutivo comunitario ha llevado al Tribunal a Alemania, Grecia, Francia, Malta y Portugal.

Otro recurso presentado por la Comisión contra España ante el TUE se refiere a la no transposición de la directiva sobre abuso del mercado, pese a que el plazo vencía el 12 de octubre de 2004. Esta norma busca reforzar la integridad del mercado al combatir los casos de operaciones con información privilegiada y la manipulación de mercado en los mercados regulados de los Veinticinco.

Para lograrlo, establece exigencias para favorecer la transparencia y la igualdad de trato de los participantes en el mercado, así como la obligación de una cooperación más estrecha y un grado mayor de intercambio de información entre las autoridades nacionales. Bruselas advierte de que sus beneficios sólo se harán presentes cuando haya sido plena y adecuadamente transpuesta por todos los Estados miembros.

Finalmente, Bruselas envió un dictamen motivado, segunda etapa de un procedimiento de infracción, contra España, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia y Reino Unido por no haber incorporado a sus legislaciones nacionales la directiva sobre pensiones profesionales.

Esta norma forma parte del plan de acción sobre servicios financieros y completa el mercado interior en la medida en que afecta a las instituciones que ofrecen pensiones profesionales. Aunque reconoce que los sistemas de pensiones profesionales difieren en los distintos Estados miembros, prevé normas armonizadas para la supervisión cautelar y requisitos de capital para las instituciones que las ofrecen. Asimismo, establece normas relativas a la oferta transfronteriza de pensiones profesionales.