Esta semana pasada se aprobó en el Congreso, por amplio consenso -con el apoyo del PSOE, PP, CIU, Coalición Canaria e IU-ICV, y la abstención de ERC y PNV- el dictamen de la Comisión de Cultura sobre la modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que pasará ahora a debatirse en el Senado.
in embargo, no todas las demandas han sido contempladas en este texto. «Han dado una de cal y otra de arena», señala a ABC Pedro Farré, director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores. «El aspecto positivo es que se ha consolidado la copia privada y su compensación económica. Los dispositivos electrónicos capaces de almacenar están sujetos al canon, lo que nos pone en línea con las legislaciones de otros países europeos». Pero, por otra parte, critica el artículo 90, apartado cuarto, del texto, en el que, según Farré, «no se da el mismo tratamiento a los derechos de autores de obras audivisuales en internet que en soportes físicos o en las redes convencionales. Algo que se debería subsanar».
Beatriz Rodríguez-Salmones, portavoz de Cultura del PP en el Congreso, se muestra razonablemente satisfecha frente a un texto «que es una trasposición al mundo digital de los derechos contemplados en el mundo analógico. Había lagunas que resolver», afirma. Asimismo, reconoce que no existen grandes diferencias, pero «sí discrepancias», sobre algunos puntos del texto, que califica de «tangenciales», como algunos «límites de la propiedad intelectual» o «la facultad del Gobierno para tomar decisiones por decreto».
En cuanto a la futura reforma, según Calvo, ésta deberá resolver la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas -«los derechos de autor terminarán siendo gestionados por éstas», vaticina Rodríguez-Salmones-; así como la creación de una comisión arbitral de la Propiedad Intelectual que disponga de medios para resolver conflictos de manera ágil -«pues si no se deberían discutir todos los días en los tribunales»-, así como mejorar la transparencia de las entidades de gestión con los consumidores.
Calvo defendió que en este texto «el Gobierno ha querido seguir apostando por los creadores», atendiendo también los intereses de los consumidores y de la industria.
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