Izquierda Unida de Cuenca denunció ayer la incapacidad de las administraciones central y autonómica para solucionar el problema del sobrecoste en la tarificación telefónica que sufren 34 pueblos conquenses, a pesar de que hace años que piden soluciones ante las pérdidas económicas que les supone.
n un comunicado, la coalición conquense indicó que "desde Izquierda Unida de Cuenca no podemos sino lamentar que el problema de sobrecoste que sufren los habitantes de los municipios de La Mancha conquense en general y por supuesto los empresarios y las administraciones locales, respecto al tener un prefijo telefónico territorial que no coincide con el de la provincia de Cuenca".
Debido a esta circunstancia particulares, empresas y administraciones "deben asumir un incremento de precios que supone un agravio comparativo con el resto de municipios de Cuenca que mantienen el prefijo 969", añadió.
IU recordó que el problema fue denunciado y debatido en algunos plenos municipales, como ocurrió en Mota del Cuervo en la legislatura de 1995-1999, en el que se aprobó por unanimidad una moción por unanimidad para pedir que se solventase el problema.
Sin embargo, "ha tenido que ser a través de una denuncia realizada por la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)", la forma en la que trascendido una situación "que se viene arrastrando" desde hace mucho tiempo, señaló IU de Cuenca.
Advirtió que aunque esta cuestión "puede parecer una nimiedad" es un problema importante "cuando se acumula en las facturas telefónicas de los ciudadanos, administraciones o empresarios".
Según el coordinador provincial de IU de Cuenca, Angel Luis Castellano, "no se pueden olvidar estos problemas de sobrecoste en la tarifas de la telefonía fija, que sigue siendo una herramienta esencial para el funcionamiento de empresas y administraciones, así como para el uso particular de los ciudadanos".
Se lamentó de que "mucho avance en las tecnologías de última generación, y mucho hablar de la sociedad de la información y el conocimiento, de la administración on-line, del acceso a internet, etc., y las administraciones competentes, tanto la central como la regional, no han sido capaces de atender las demandas de los ayuntamientos, consumidores y ciudadanos en general".
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