El Ministerio de Administraciones Públicas espera gestionar a finales de legislatura un millón de notificaciones electrónicas anuales

sí lo aseguró en Santander el director general de Modernización Administrativa del MAP, Domingo Laborda, quien participa en la cuarta reunión del Comité Técnico de Administración Electrónica.

Según destacó Laborda, se trata de un trabajo "real" que se está materializando ya en pruebas piloto en algunas regiones. Se pretende modernizar la administración y facilitar la cooperación entre sus distintos niveles, orientado en todo momento al ciudadano y a evitarle el "trabajo de investigación, agotador e irritante" que supone ir de una ventanilla a otra para solicitar múltiples "papeles".

Uno de los objetivos es que las propias administraciones se soliciten directamente los datos entre si. En este sentido, Laborda señaló que si se sumasen todos los "papeles susceptibles de no pasar por las manos" de los ciudadanos, es decir, aquellos que podrían demandar directamente unas administraciones a otras, se evitarían "unas pocas decenas de millones" de certificados y papeles al año.

A modo de ejemplo, destacó que la Seguridad Social emite cada año entre ocho y diez millones de certificados, la Agencia Tributaria entre 3,5 y 4 millones de certificados de estar al día en el pago de impuestos y los padrones unos diez millones de certificados. A ello se añaden entre 10 y 15 millones de fotocopias de DNI"s, documentos todos ellos que, en la mayor parte de los casos, son para entregar en otra ventanilla diferente.

El Ministerio se propone en cambio que la administración "no ponga sobre la espalda del ciudadano la carga de saber cómo son los procesos" y dónde tiene que acudir y, por ello, apuesta por compartir datos entre administraciones, tarea "compleja" y que debe hacerse "de forma segura" y sustentándose en la extensión de la firma electrónica, necesaria para garantizar la seguridad y saber quién está demandando la información.

En el caso de las notificaciones electrónicas, su extensión depende precisamente del incremento del número de firmas electrónicas, puesto que resultan necesarias para poder acceder a estas notificaciones, que son equiparables a un correo certificado y son gestionadas por Correos.

A pesar de la complejidad de la tarea de expansión de la administración electrónica, Domingo Laborda resaltó que "probablemente en los próximos meses" puedan anunciarse novedades importantes para el uso directo de los ciudadanos, puesto que "los avances son prometedores y reales".

PROTECCIÓN DE DATOS

En cuanto a las dudas que pueda suscitar el uso de todos esos datos, explicó que la Agencia de Protección de Datos tiene que informar al respecto, aunque aclaró que la mayor parte de los documentos que se solicitan para trámites no son datos sensibles, sino "rutinarios".

De hecho, apuntó que datos sensibles como son los sanitarios, de pertenencia a agrupaciones sindicales, etcétera, suponen el 1% de los que se demandan al ciudadano para gestiones administrativas.

Por lo que respecta a las dificultades que se pueden encontrar desde las propias administraciones para facilitar los datos, señaló que "no hay reticencias" en enviar la información, aunque sí surgen para compartir las bases de datos y que unas administraciones puedan acceder directamente a las bases de otras. No obstante, matizó que "no hay resistencias insalvables".

Finalmente, un último aspecto en el que hay que avanzar para la extensión de la administración electrónica es, a juicio del responsable ministerial, su difusión entre los ciudadanos.