Polémica por la ley que autoriza al Estado a "espiar" las comunicaciones

a polémica se generó a raíz de una información publicada hoy por el diario local Infobae sobre el decreto reglamentario de la norma, dictado por el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, en noviembre pasado y que entrará en vigor en julio próximo.

Los expertos advirtieron que las modificaciones que el Parlamento introdujo durante 2003 a la Ley de Telecomunicaciones habilitan el espionaje estatal tanto a las comunicaciones telefónicas como a las que se realicen por internet.

Señalaron que la norma, aprobada por los legisladores a propuesta del Gobierno con el objetivo de combatir delitos mediante el uso de las telecomunicaciones, obliga a las empresas proveedoras de estos servicios a almacenar durante diez años información de sus clientes.

El jurista Daniel Sabsay dijo hoy desconocer "cuál es la fundamentación para la reglamentación de esta ley, que crea una situación abusiva" y viola principios constitucionales.

El decreto engloba entre las telecomunicaciones a "toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, cable eléctrico, atmósfera, radio electricidad, medios ópticos y/u otros medios electromagnéticos, o de cualquier clase existentes o a crearse en el futuro".

Además, establece que el órgano oficial "encargado de ejecutar las interceptaciones" será la Secretaría de Inteligencia del Estado (servicio secreto), con la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones como autoridades de aplicación y de regulación de la ley, respectivamente.

Las empresas prestatarias "deberán adecuar el equipamiento y tecnologías que utilizan para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, a los efectos de la presente normativa, antes del 31 de julio de 2005", remarca.

También dice que las firmas del sector tendrán que "soportar los costos de todo equipamiento, elemento tecnológico (software o hardware), vinculación, línea o trama, nueva o existente, necesario para la captación de las comunicaciones".

La Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea presentó un recurso judicial contra el decreto y su presidente, Patricio Seoane, aseguró que coincide "con que hay que mejorar la seguridad, pero ese rol es del Estado y no de las empresas".
"Técnicamente es un proyecto casi imposible de llevar a cabo: esto suena a una gran locura, una enorme fantasía", consideró a su vez el diputado Mauricio Bossa.

Mientras el Gobierno de Kirchner guardó silencio al respecto, legisladores de diferentes fuerzas políticas adelantaron que mañana, martes, presentarán un proyecto para derogar la polémica norma debido a que vulnera los derechos individuales de los usuarios.