El gobierno madrileño solicitará que la fiscalia investigue una web relacionada con oposiciones a la CAM

Prada, que anunció ayer tarde ante la Comisión de Justicia e Interior de la asamblea regional su disposición de tratar este asunto ante el Pleno en el próximo periodo de sesiones, señaló que si "la prueba pericial" demostrara que la página www.opositores.com fue "violentada" después de la celebración de las pruebas, "cabría la posibilidad de revocar la decisión" del tribunal calificador --que anuló los exámenes para repetirlos en octubre--, lo que supondría "aceptar por buenos los exámenes realizados".

El responsable autonómico defendió la "correcta" actuación de su departamento durante una comparecencia parlamentaria convocada con carácter extraordinario, en la que explicó las medidas que fue adoptando el Gobierno regional desde que 68 de los 18.400 aspirantes que optaban a uno de los 364 puestos de auxiliar administrativo de la Comunidad de Madrid, en la categoría D, denunciaran que 31 preguntas de los exámenes habían sido colgadas en la citada página web con fecha anterior a la celebración de los exámenes.

FUNCIÓN DEL TRIBUNAL

Tras un detallado relato de los hechos, Prada explicó que la Administración autonómica "no tiene capacidad ni responsabilidad para retrotraer unas oposiciones al momento anterior a su convocatoria", ya que, según dijo, esta función es "exclusiva" del tribunal calificador, que decidió el pasado 14 de julio "dejar sin efecto" los exámenes realizados.

"Se ha hecho todo lo que se tenía que hacer", aseguró.

En este sentido, señaló como principales "indicios" de las supuestas irregularidades que el informe elaborado por el tribunal calificador, que se basaba en un estudio estadístico de frecuencias con respecto a las respuestas acertadas, apuntaba que las cuestiones correspondientes al apartado de conocimientos reveló "unos resultados poco normales y de difícil explicación", ya que un total de 59 opositores (el 0,33 por ciento) "alcanzaron la puntuación máxima, al acertar 45 ó 44 preguntas".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Los portavoces de la oposición en la Comisión --Juan Antonio Ruiz Castillo por el PSOE y Luis Suárez en representación de IU-- reclamaron la asunción de "responsabilidades políticas" por parte del director general de la Función Pública, Miguel Ángel López, o en su defecto del propio vicepresidente regional segundo. "Usted ha fallado y debe asumir responsabilidades o exigir de su director general que dimita", dijo Suárez.

El portavoz socialista, que tildó el proceso de "carnavalesco", advirtió a Prada de que la suspensión de la oposición provocará "un semillero de querellas" entre los aspirantes que se presentaron a los exámenes. "O tienen pruebas fehacientes de que hubo filtraciones o no podemos decir que se anulan las pruebas por un informe de frecuencias estadísticas", indicó.

Por su parte el representante de IU defendió que "un análisis estadístico no demuestra que haya habido filtraciones" en la prueba, y censuró a la Comunidad de Madrid por no haber abierto, "de oficio", un expediente administrativo. "Hay que excitar al órgano, que es lo que han hecho los denunciantes -dijo--. Es el aparato de la Administración el que tiene que desarrollar esas denuncias".