El Congreso ratifica el Proyecto de Ley de Firma Electrónica

a ley introduce el concepto de firma electrónica reconocida para referirse a aquella que está basada "en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro". La firma electrónica estará vinculada de manera exclusiva al firmante, y en un documento electrónico, tanto público como privado, tendrá el mismo valor que una firma manuscrita en uno de papel.

Además, la nueva norma establece las bases para el desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, que permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos sin que se requiera su presencia física.
También establece la firma electrónica para las empresas, además de la de los particulares, lo que ayudará a que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer sus gestiones a través de Internet.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología será el organismo encargado de controlar la actividad de las entidades prestadoras de servicios de certificación, labor de supervisión en la que podrá contar con la ayuda de empresas independientes y técnicamente cualificadas.
Con la entrada en vigor de esta normativa, las entidades certificadoras se expondrán a sanciones de entre 30.000 a 600.000 euros en caso de incurrir en alguna infracción, como la expedición de certificados sin las comprobaciones previas pertinentes.
En la sesión plenaria de hoy, los grupos de la oposición acusaron al PP de haber evitado durante el trámite parlamentario de esta ley el debate y la inclusión de las propuestas de otros partidos, y desde las filas del PSOE se advirtió del retraso de España en el desarrollo de la Sociedad de la Información en comparación con otros países.

Sin embargo, el diputado del PP Juan Manuel Moreno Bonilla negó este extremo y apuntó que España ya es "un referente mundial" en la gestión tributaria por Internet, al haber registrado 1.718.000 declaraciones de la renta telemáticas desde el año 1996, y el cuarto país europeo en líneas ADSL, con más de 1,5 millones de conexiones.
La diputada socialista Lourdes Muñoz Santamaría insistió en que la elaboración de esta ley no ha contado con el suficiente debate parlamentario ni con un periodo de consulta a expertos y usuarios.

Muñoz Santamaría también lamentó que el PP haya rechazado la inclusión en el Senado de todo un grupo de enmiendas de carácter técnico presentadas por el resto de grupos, que a su juicio hubieran fomentado en mayor medida el uso de la firma electrónica y garantizado la libre competencia.
Por su parte, el diputado de Convergencia i Unió Manuel José Silva negó el apoyo de su grupo a las modificaciones introducidas en la Cámara Alta por la "total ausencia de generosidad política" demostrada por el PP al haber rechazado todas las enmiendas del grupo catalán.

La diputada de IU Presentación Urán acusó al PP de realizar una "mala técnica legislatura" y de emplear la mayoría de una manera "excesivamente irresponsable" para rechazar enmiendas de otros grupos que son "de sentido común". Sin embargo, el portavoz del PP subrayó que durante la tramitación parlamentaria de esta ley se ha producido un debate "amplio, intenso, e incluso arduo", en el que se han introducido propuestas de otros grupos "que han enriquecido el proyecto"