El Gobierno español presenta seis Líneas Estratégicas de lucha contra el cambio climático a las Comunidades Autónomas

a lucha contra el cambio climático ya es una lucha política. Las seis Líneas Estratégicas presentadas en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático pondrán en marcha un conjunto de medidas inmediatas en los sectores con mayor potencial de reducción. Facilitarán, además, la coordinación y cooperación con otras Administraciones Públicas.

En la primera reunión de la Comisión con las Comunidades Autónomas en esta legislatura, que se celebró ayer, se han presentado también las reuniones del Grupo Técnico de Comercio de Emisiones y del Grupo de Trabajo de Mitigación e Inventarios. Este último expuso los avances en la coordinación sobre las metodologías empleadas por el sistema español de inventario, cuya función es conocer la evolución de los datos sobre la calidad del aire, la protección de la atmósfera, los gases de efecto invernadero y otros contaminantes.

De este modo, uno de los objetivos del Grupo de Trabajo de Mitigación e Inventarios es continuar mejorando las metodologías acordadas por el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas y su aplicación sistematizada por las Comunidades Autónomas.

Durante la reunión, las Comunidades Autónomas han informado sobre el estado de situación de sus estrategias, los planes de lucha contra el cambio climático, y sobre los avances en los objetivos marcados. Las comunidades que ya disponen de estrategias en conjunción con la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia adoptada por el Gobierno en noviembre de 2007 cumplirán los compromisos asumidos por España en materia de cambio climático.

La Comisión para la lucha contra el cambio climático

La Comisión fue creada en la pasada legislatura y está presidida por la Secretaría de Estado de Cambio Climático e integrada por representantes de varios Ministerios, un vocal designado por cada Comunidad Autónoma, un vocal designado por cada una de las Ciudades de Ceuta y Melilla y un vocal en representación de las entidades locales. Como órgano de colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas debe facilitar la coordinación de las políticas destinadas a aplicar el régimen de comercio de derechos de emisión y el cumplimiento de las obligaciones internacionales y comunitarias en materia de cambio climático.