Burocracia sin papel

a administración autonómica y local catalana ya ha dado los primeros pasos hacia el uso real de las 5.000 firmas digitales certificadas concedidas a sus funcionarios. Esta experiencia se enmarca dentro de la plataforma "LeaCAT", un instrumento que permite a los empleados públicos realizar todas las transacciones mediante firma digital. Sin embargo, el principal obstáculo que ha encontrado la agencia catalana es el apego al papel que manifiestan los funcionarios. De momento, sólo un 70% de los ayuntamientos y la Administración autonómica catalana cuentan con firma electrónica.

Por el contrario, en la Administración vasca no han tenido ninguna consideración a la hora de eliminar las hojas impresas, de hecho, desde hace tres años los presupuestos vascos se presentan únicamente en CD-ROM. Además, a través de la página web www.parlamento.euskadi.net, los ciudadanos pueden acceder a todo el proceso legislativo, ver los debates parlamentarios en diferido y recibir en su correo electrónico las últimas novedades que más les interesen de una lista de más de 100 temas. Y desde finales de mayo, toda la documentación entre el Gobierno y el Parlamento se transmite encriptada a través de Internet, junto con la firma digital correspondiente que otorga a estos documentos el valor legal necesario. Con esta última fase, el Parlamento vasco culmina, así, el programa Zabalik (en castellano, Abierto) en su adaptación a la denominada Sociedad de la Información.

18.000 millones de euros de ahorro

En ambos casos lo que se trata es de reducir la cantidad de papel utilizado por las administraciones a lo que se añade un ahorro económico. La propia agencia catalana señala que si las facturas que se emiten en la Unión Europea se hicieran de forma electrónica se ahorraría al año 18.000 millones de euros, mil sólo en España. Aunque desde el punto de vista ecológico, la utilización de menos papel supondría una menor tala de árboles.

No obstante, los ciudadanos todavía tendremos que esperar nuestro turno para evitarnos tener que ir de ventanilla en ventanilla en nuestros inacabables trámites con la Administración. Parece ser que el remedio a nuestros males administrativos tiene ya un nombre, DNI digital, pero no una ley que lo regule. El pasado mes febrero, el entonces presidente José María Aznar anunció la implantación del DNI electrónico para principios del 2005, e incluso desde el Ministerio del Interior se apuntaron las características técnicas de este nuevo documento. El actual Gobierno, por el contrario, opina que hasta que su uso no sea regulado por ley orgánica no será posible su implantación.

La reacción del ciudadano: desconfianza

Hasta ahora, desde las Administraciones sólo se ha prestado atención a la parte técnica de sus programas de implantación de las nuevas tecnologías, pero quizás lo que también tendrían que tener en cuenta es la actitud de desconfianza que genera Internet en los españoles. Es decir, hasta qué punto el ciudadano va a utilizar su DNI digital en sus transacciones electrónicas, cuando éste es reacio a comprar en la Red porque no quiere tener que transmitir los datos de su tarjeta de crédito.

Igualmente, tenemos que señalar que este usuario aunque navegue por Internet, no quiere decir que los documentos los lea en la pantalla del ordenador, sino que los imprime para leerlos en papel, puesto que todavía somos la generación del papel impreso, a la que le cuesta leer en la pantalla del ordenador, especialmente si son textos muy largos. Por lo tanto, el ahorro de papel es relativo porque el usuario imprime sobre papel el documento y, como señala la Agencia Catalana de Certificación, incluso el funcionario evita utilizar los métodos digitales, ante la opción de hacerlo en papel.