Ontrack recupera las historias más increíbles de pérdida de datos

Por

Luis David Obando López

Medellín

Si algo bueno pudiera decirse de los corruptos, valdría destacar su perenne capacidad para superarse a sí mismos. Sus atentados contra las arcas públicas terminan sintiéndose en el bolsillo de cada colombiano, el último responsable de llenar los huecos que, en las finanzas nacionales, dejan los piratas de paño y corbata.

Tras los fraudes y los desfalcos de los años 70 y 80, las trapisondas de la siguiente década son para palidecer. Términos como falsedad en documentos, testaferrato, triangulación de cuentas y amenazas de visitas sicariales cualificaron lo que inicialmente podía denominarse picardía o, en el más leve de los casos, incompatibilidad ética.

Por ejemplo, entre 1994 y 1997 en el hoy desaparecido Banco Central Hipotecario (BCH) ya no había préstamos completamente legales a ministros, como en 1933, sino millonarios empréstitos encubiertos a miembros de su junta directiva, adquiridos mediante empresas de papel, con facturas falsas como comprobantes.

Los US $13,5 millones del robo del télex al Chase Manhattan de Londres quedan en moneditas al lado de los US $2.053 millones de sobrecosto en la construcción de la hidroeléctrica del Guavio, en Cundinamarca, con Fabio Puyo Vasco como protagonista del caso (en el que se le comprobaron $692,5 millones de aumento patrimonial injustificado), que tiene otros puntos de semejanza con el de Roberto Soto Prieto: la fuga a otro país (España), su impávido alegato de persecución política, y una condena judicial de siete años por cumplir, mientras se da la dolce vita.

También está la corrupción para ocultar corrupción. En 1994 no fueron solo los US $6 millones recibidos por la campaña proselitista del a la postre presidente Ernesto Samper. Aún no terminan de abrirse las ollas que en ese tiempo se cocinaron para evitar fallos adversos durante el período de investigación en su contra en la Comisión de Investigaciones en la Cámara de Representantes.

Entre las conocidas, el nombramiento en la gerencia de la Caja de Compensación Familiar del Sector de las Comunicaciones (Caprecom) de Hernán José Mogollón, familiar de Heyne Mogollón, representante investigador delegado para el caso. Durante su breve administración se hallaron $3.850 millones de faltante en balances. Mientras, en la Caja Agraria (convertida entonces en Banco Agrario) hubo préstamos indebidos por $11.000 millones, y en el Fondo de Liquidación de la empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos) las trampas en jubilaciones rebasan los $4 billones.

Al final de la misma administración, cayeron a tiempo dudosas licitaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por $12.000 millones. Y quedaron en el limbo $800.000 millones ($0,8 billones, otra forma de leerlo) $800.000 millones públicos colocados, sin que nadie sepa todavía con qué intereses particulares dada la abierta inconveniencia, en unas cooperativas que resultaron frágiles para tanto peso financiero y arrastraron en su caída con por lo menos $50.000 millones destinados a inversión.

Para descansar de tal estercolero en el nivel central, habría que intentar un respiro por las regiones, pero resultaría peor. Está el puente de Heredia en Cartagena, que terminó valiendo tres veces lo presupuestado (se pagaron $2.100 millones) y se cayó a los seis meses de inaugurado, en 1995. El robo de $8.967 millones de Tolú, la mayoría de regalías petroleras. La apropiación en 1994, por vías legales, de 20 barcos donados por Japón a los pescadores artesanales del golfo de Morrosquillo, por parte de José Guerra Tulena, hermano de Julio César Guerra Tulena, ex presidente del Senado. La carrera contra el reloj de David Aljure, gobernador encargado de Cundinamarca en 1997 tras la destitución de Leonor Serrano, para entregar decenas de miles de millones de pesos en contratos... Y faltan datos de los 1.068 municipios colombianos.

Sin hablar de la eventual compra o venta de decisiones individuales de los estrados, ni la rama Judicial se ha salvado de esas garras: en 1996 se detectaron pérdidas por $330.000 millones por pérdida de vehículos, robo de artículos de oficina y pagos ilegales en el Consejo Superior de la Judicatura. Y sin hablar de la presunta actividad delincuencial de la Brigada 20 (Inteligencia, desaparecida por lo mismo en 1998) del Ejército, esta Arma también ha sufrido saqueos, como el que protagonizó con su minifalda Rolla Jaller, quien firmó contratos (incumplidos) por $400 millones.

... ¡Y el Congreso! Pasando por alto la desviación para campañas preelectorales de dinero destinado a la inversión en regiones, los contratos (y sus comisiones de hasta el 100%) se convirtieron en alegre vena rota. Para mencionar solo dos escándalos, en 1995 se detectaron pagos a personas que no trabajaban (la costumbre persiste) y altísimos sobrecostos en una muestra de cuatro contratos por $146 millones. El presidente era Julio César Guerra Tulena.

Y en los últimos días de 1999 el presidente de la Cámara de Representantes, Armando Pomárico, firmó contrataciones por $5.400 millones para lavar fachadas que no se lavan, por ejemplo, a empresas cuyo domicilio era una casa abandonada o una papelería.

Para no olvidar lo más reciente, habría que hablar del escándalo, todavía no dilucidado, de los bancos Andino y Pacífico, intervenidos tarde, cuando ya se habían llevado US $64 millones de impuestos recaudados por delegación de la Dian, y las conexiones del caso con personas allegadas al presidente, Andrés Pastrana. Otros de su círculo más cercano involucrados en el caso Chambacú (en Cartagena, con $12.600 millones en juego), con desviación de uso para terrenos adquiridos gracias a información privilegiada. Conciliaciones por $26.000 millones con Dragacol, que terminan también en conexiones con financiación de la campaña pastranista en 1998. Los fondos de cofinanciación convertidos en auxilios parlamentarios...

Para ponerle el cascabel a ese gato están procuradores y contralores. Pero el jefe del Ministerio Público en 1995, Orlando Vásquez Velásquez, se valió de testigos falsos para crear una causa en contra del fiscal general, Alfonso Valdivieso, que investigaba su presunta vinculación con dinero del narcotráfico (luego purgó una pena por enriquecimiento ilícito). Y el contralor general de 1990, Manuel Francisco Becerra, terminó también pagando una condena de 70 meses de cárcel por el mismo delito.

Y así queda por la mitad el breve mostrario, en el que, ni de lejos, están todos los que son (ni siquiera, necesariamente, los más significativos), pero que demuestra la veracidad de un lugar común que hace carrera por las calles de las ciudades colombianas: Qué país próspero sería éste, si tanta inteligencia para hacer dinero se destinara a mejores y más colectivas causas.

Galería de la vergüenza

Un pequeño brochazo a uno que otro de los casos de corrupción, de los más de 80 grandes escándalos de los últimos diez años:

Municipio de Montería: desperdicio de $8.000 millones.

Distrito Turístico de Cartagena de Indias: irregularidades por $5.585 millones.

Contratos irregulares en municipios y departamentos: $23.000 millones.

Telecom: cerca de US $800 millones por contratos mal formulados con multinacionales.

Termorrío: US $60 millones (aún pendiente).

Cerromatoso: US $44 millones.

Inurbe: $460.879 millones.

Adpostal: $160.000 millones.

Caja de Vivienda Militar: $101.000 millones.

Invías: $90.190 millones.

BCH: $75.000 millones.

Ferrovías: $60.000 millones.

Ecosalud: $ 49.000 millones.

Caja Agraria: $46.170 millones.

Cajanal: $32.069 millones.

Lotería Nueve Millonaria: $12.431 millones.

Sena: $2.200 millones.

Incora: $1.500 millones.