El Gobierno británico estudia la posibilidad de restringir el acceso a Internet a los usuarios que descarguen contenidos de la Red de forma no autorizada, la misma medida que Francia incluyó en su ley contra la llamada 'piratería' y que fue rechazada por inconstitucional.
l ministerio de Empresa, Innovación y Cualificaciones, dirigido por Peter Mandelson, reveló en un comunicado que está analizando cómo introducir algunas medidas técnicas encaminadas a luchar contra los intercambios no autorizados de material protegido por derechos de autor, algo largamente anunciado en el país.
Entre ellas también se encuentra la de requerir a las compañías proveedoras de Internet que faciliten los datos de aquellos usuarios que realicen descargas ilegales y se los entreguen a los propietarios de los derechos de autor sin necesidad de que haya una decisión judicial de por medio.
El Ejecutivo presidido por Gordon Brown ya anunció a mediados de junio que el regulador de telecomunicaciones Ofcom tendría mayores competencias para actuar contra las personas que descarguen reiteradamente de Internet música o películas, aunque ya se conocen algunas de las ideas en consideración.
Los planes gubernamentales pasan por que los propios proveedores de Internet actúen contra los infractores, ya sea "bloqueando el acceso a 'web' de descarga, reduciendo la velocidad de la banda ancha o suspendiendo temporalmente su línea de Internet".
Esta última medida se adoptaría únicamente "como último recurso contra los piratas", según precisó el departamento de Mandelson, que está recibiendo sugerencias de particulares y miembros del sector antes de tomar una decisión definitiva.
Las alternativas que baraja el Gobierno británico han suscitado las críticas del 'Open Rights Group', una organización nacida en el año 2005 en el Reino Unido que persigue "proteger las libertades civiles" y los derechos digitales "amenazados por la regulación" gubernamental.
"La suspensión del acceso a Internet restringiría el derecho fundamental de la gente a la libertad de expresión", subrayó su director, Jim Killock, quien lamentó que se estudien medidas tan punitivas justo cuando los ingresos por venta de música 'online' están aumentando y "el intercambio de archivos ilícito" ha bajado.
El 'Open Rights Group' considera que "es el momento erróneo para ir en esta dirección", por lo que ha pedido a los internautas del Reino Unido a través de su sitio web que escriban a los diputados de su circunscripción territorial para mostrar su rechazo a estas políticas.
De forma opuesta ha reaccionado la industria musical, que ha valorado positivamente los planes del Gobierno y los ha calificado de "un paso adelante" en la lucha contra la lamada 'piratería'.
La recepción de propuestas y sugerencias se cerrará el próximo 29 de septiembre, aunque no será hasta noviembre cuando se conozcan definitivamente las líneas maestras del plan de lucha contra las descargas no autorizadas, que se esperan reducir en un 70% u 80%.
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