Las enmiendas al texto francés "antiP2P" prevén sanciones más suaves

Hasta ahora, el abonado se arriesgaba a multas de hasta 20.000 euros y dos años de prisión. Hemos querido suavizar la sanción", explica Michel Thiollière, el senador ponente del texto que será debatido otra vez en la Cámara alta el próximo 8 de julio. Ha presentado 15 enmiendas al proyecto legislativo bautizado como Hadopi 2 que han sido aceptadas por el Gobierno.

Entre ellas figura que la condena por realizar descargas ilegales sólo podrá ser ser sancionada por la decisión de un juez y no por la Alta autoridad administrativa.

El acrónimo Hadopi (Alta Autoridad para la difusión y la protección de derechos en Internet), que da nombre al texto, responde a la autoridad administrativa sobre la que anteriormente recaían los mecanismos de penalización.

Ahora la Hadopi será la encargada de enviar al infractor un e-mail advirtiéndole de su conducta y luego una carta certificada en caso de reincidencia, pero no podrá suspender el acceso a Internet del pirata informático porque el Consejo consitucional francés ha dictaminado que sólo un juez tiene potestad para ello.

Si un internauta llegara a ser considerado como un 'falsificador' se arriesgaría a una multa de 300.000 euros y dos años de cárcel, pero el juez puede también pronunciar una pena complementaria y suspender durante un año como máximo el acceso a Internet.

Sanciones más suaves

Otra de las enmiendas prevé una multa si el abonado deja a un tercero usar su acceso a Internet para hacer descargas ilegales. El titular podría tener que pagar hasta 1.500 euros y "eventualmente" verse privado de su acceso a la red durante un máximo de un mes.

Para evitar esta situación, el titular del abono podrá instalar un sistema en su ordenador para que la entrada a determinadas páginas requiera de un código de acceso, mecanismo que podrían ofrecer los propios operadores.

En caso de que se le corte su acceso, el proveedor tendrá quince días para ejecutar la orden judicial y unos días antes del restablecimiento de la línea tendrá también que avisar a la Alta autoridad, para que elimine las pruebas del dosier del internauta acusado y evitar así que haya una lista negra de piratas 'fichados'.

Si el abonado al que se le haya cortado el acceso acude a otro operador de Internet para contratar de nuevo el servicio, se enfrentará a una multa de 3.750 euros.

Otra de las novedades introducidas por el ponente es la petición de que los proveedores informen a sus abonados de los riesgos que corren si realizan descargas ilegales de contenidos protegidos.

Los senadores del Partido Socialista han pedido al nuevo ministro de Cultura, Frédéric Mitterrand, decretar una moratoria sobre el proyecto Hadopi 2 y organizar una amplia consulta sobre la financiación de la cultura en la era digital.