La Agencia de Protección de Datos pide a Google cambios al almacenar la información

ntre los datos que guardan los buscadores, figuran la identificación del usuario (dirección IP) y sus preferencias a la hora de navegar por la Red.

La AEPD está analizando las políticas de privacidad de los principales buscadores de Internet y su cumplimiento de la normativa española en materia de protección de datos, para lo que también tiene previsto reunirse con representantes de Yahoo! y Microsoft.

En la actualidad, según la Agencia, Google ha reducido a 18 meses la retención de datos asociados a las búsquedas que los usuarios realizan. Entre ellos, se encuentran datos que permiten la identificación del usuario como la dirección IP (que identifica a los ordenadores), y los derivados del uso de dispositivos que almacenan las preferencias del usuario (por ejemplo, las llamadas 'cookies').

Para la AEPD, estos datos se consideran personales, y, por ello, sólo pueden ser utilizados y retenidos con unas finalidades concretas, como la mejora del servicio, la seguridad del propio sistema de búsqueda, y la lucha contra el fraude y el 'spam'. Asimismo, la han trasladado a Google la necesidad de que tanto los datos retenidos como su periodo de retención deberían limitarse.

Según este organismo, el tratamiento de estos datos por parte de los buscadores de Internet requiere que exista pleno conocimiento por parte de los usuarios. Además, en relación con la utilización de 'cookies' o dispositivos similares, de captación de información, la AEPD ha destacado su inquietud por el desconocimiento, por parte de los usuarios, sobre su finalidad y la posibilidad de desactivarlas. Por ello, la agencia reclamó a la compañía la necesidad de mejorar la información ofrecida a los usuarios del buscador, para que puedan conocer realmente los mecanismos del almacenamiento de información y los procedimientos para desactivarlos. Asimismo, demandó que se atienda el derecho de cancelación de datos de los usuarios, que se obtengan en el proceso de búsqueda, siempre y cuando no se opongan a mandatos legales o al ejercicio de la libertad de expresión.