El Congreso establece un canon bibliotecario de 0,20 euros que asumirá la Administración

poyada por todos los grupos parlamentarios a excepción de ERC y BNG, esta medida se establece, tal y como se anunció en su trámite de ponencia, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha condenado a España por eximir a todas las bibliotecas públicas de cobrar ese canon.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión, la diputada socialista Clementina Díez de Baldeón, manifestó su satisfacción ante el espíritu positivo y el buen entendimiento que ha posibilitado la incorporación al dictamen de 29 enmiendas transaccionales, que se suman a las 42 de la ponencia.

El canon por préstamo bibliotecario, cuyos detalles se desarrollarán mediante real decreto y en menos de un año desde la entrada en vigor de la ley, será asumido por el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas -en un porcentaje a convenir-, y "en ningún caso" por el consumidor, según indicó Mario Bedera, diputado socialista.

Este importe afectará a todas las bibliotecas de titularidad pública que presten servicio en municipios de más de cinco mil habitantes, mientras que la cantidad recaudada se destinará en un setenta por ciento a los autores y el resto a los editores, según detalló Bedera, quien aseguró que el establecimiento de este canon "no es algo que el Gobierno haga por gusto".

Por su parte, Beatriz Rodríguez Salmones, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Cultura, calificó la ley de "corta de vuelo", ya que se centra en cuestiones comerciales, aunque también valoró "la actitud abierta y positiva del Gobierno" a la hora de dialogar las enmiendas transaccionales.

El dictamen del proyecto de ley mantiene el precio fijo de los libros, a excepción de los de texto, para los que se decreta libertad de precios frente a los descuentos que se venían aplicando hasta ahora, un punto "sustancial" que el Grupo Socialista no ha accedido a modificar.

Esta ley "con vocación de consenso" también tiene en cuenta el desarrollo de las nuevas tecnologías, establece la creación de un Observatorio de la Lectura y del Libro, contempla las necesidades de las personas minusválidas e incide en la cooperación bibliotecaria, según explicó Antonio Louro, portavoz socialista en la Comisión de Cultura.

Entre las enmiendas incorporadas hoy al dictamen de la ley figuran varias referidas a las competencias autonómicas, un escollo por el que CIU, BNG, IU-ICV y ERC presentaron sendas enmiendas a la totalidad del texto, y que posteriormente retiraron tras un acuerdo con el Gobierno.

En este sentido, Joan Tardá, portavoz de ERC, aseguró que la ley aún no respeta el contenido del Estatuto de autonomía de Cataluña, mientras que Carme García, portavoz de IU-ICV, calificó el texto de "respetuoso con las Comunidades Autónomas".

Además de las 29 enmiendas transaccionales aprobadas hoy por consenso, el dictamen incorpora una enmienda de ERC, dos del PNV y 23 de IU-ICV, propuestas que se debatirán en el pleno la semana que viene.