Ciudadanos, profesionales, asociaciones empresariales y sindicatos, todos contra el canon digital

s un hecho contrastable que los avances tecnológicos inducidos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son uno de los elementos que más han contribuido a mejorar el nivel de vida y el bienestar de la sociedad actual, tal como expresaron los mandatarios de 120 países reunidos en Ginebra, en diciembre de 2003, con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

El uso de las TIC por ciudadanos y empresas es una de las claves para permitir el acceso a la cultura, a la calidad de vida y a configurar una economía competitiva en las sociedades modernas.

Las nuevas redes y servicios de telecomunicación, basados en la tecnología digital, han propiciado un cambio en el entorno al que es preciso adaptar los procedimientos anteriores de protección de los derechos de autor. La tecnología digital permite la gestión directa de los derechos de propiedad intelectual y la existencia de sistemas de protección contra la realización de copias ilegales. La evolución del mundo analógico al digital permite, además, la gestión de los derechos de autor a través de métodos distintos al "canon", como son los TPMs y DRMs (Technological Protection Measures y Digital Rights Management).

Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución alternativos a los tradicionales. Un "canon" no debe proteger un canal frente a otro. El "canon" no soluciona el problema de fondo y legitima la actividad ilegal de los contenidos y de los productos culturales. Así, la imposición de un "canon" en las líneas de banda ancha daría apariencia de legalidad a una actividad que ahora es etiquetada como ilegal.

Todos los elementos que intervienen en las TIC (soportes, equipos y redes de telecomunicaciones) sirven tanto para los contenidos que tienen derechos como para los que están libres de ellos. Por tanto, si se grava de forma indiscriminada, se penaliza a todos los usuarios.

La existencia de un "canon" sobre los elementos mencionados, según afirma el comunicado conjunto,  introduciría una múltiple imposición, ya que se pagarían derechos por comprar o adquirir contenidos, se volverían a pagar por el hecho de almacenarlos en un dispositivo y por moverlos a través de una red de telecomunicaciones.

El "canon" no erradica en ningún caso, las actividades vulneradoras de los derechos de autor -la piratería o el top manta-, e incentiva el fraude por los beneficios que supone hurtar su pago. Un "canon" incrementaría el coste de soportes, equipos y servicios, propiciando la deslocalización de actividades a otros países que no tiene este gravamen.

En este momento, determinados agentes están presionando públicamente en los medios de comunicación, con la pretensión de legislar en favor de un canon o impuesto que grave a los soportes, equipos, redes de telecomunicaciones o accesos a Internet. Para ello se criminaliza constantemente al usuario y al proveedor de tecnologías, comparándolos con los grupos que vulneran sistemáticamente y con ánimo de lucro los derechos de propiedad intelectual y las mafias que los sustentan, afirman las organizaciones.

Y es ahora, cuando Administración, empresas y ciudadanos están haciendo un amplio esfuerzo para impulsar la Sociedad de la Información en España, que permita mejorar la competitividad y productividad de nuestro país, cuando pretende introducirse un elemento de distorsión de este proceso. Un anacrónico e injusto "canon" daría al traste con este esfuerzo colectivo.

"Ante esta situación rechazamos el establecimiento de cualquier canon que grave los soportes, equipos, redes de comunicaciones o tecnologías, a la vez que defendemos la utilización de los sistemas digitales de control ya existentes para gestionar los derechos de autor. No obstante, las organizaciones firmantes manifestamos nuestro total respeto por el derecho a la propiedad intelectual y los derechos de los autores de contenidos, cualquiera que sea su origen".

"Asimismo, acatamos la legislación vigente y expresamos nuestra máxima disposición para mejorar la colaboración con las autoridades judiciales y policiales, y con las administraciones públicas, para la resolución y esclarecimiento de aquellas actividades delictivas que se puedan producir en torno al mal uso de las TIC, de forma y fondo debidamente armonizados con la legislación europea. Mostramos nuestro rechazo a que los que fabrican soportes y equipos o gestionan redes de telecomunicaciones, sean corresponsables de los contenidos que se almacenan o se mueven por ellas".

Según el comunicado, la responsabilidad debe de recaer únicamente en aquel que introduce los contenidos en los soportes, en los equipos o en las redes.