Se produce un ligero descenso en la piratería en México

e acuerdo con los resultados de un estudio llevado a cabo por la Business Software Alliance (BSA), el nivel de penetración de la piratería en el mundo era de 36% en el 2003, un promedio más bajo que el registrado en Latinoamérica (63%) y en México (60%) ese mismo año.

Aunque históricamente la tendencia ha bajado en México a partir de 1994 (cuando se registraba un nivel de 80%) o en 1996 (cuando fue de 67%), todavía el índice es más alto que el del promedio mundial y, según las expectativas de la BSA, este 2004 será de 55 por ciento.

Estas cifras, además, están acompañadas por el nivel de pérdidas en el mundo: al cierre del 2002 la suma fue de 15,000 millones de dólares mundialmente y de 1,000 millones en Latinoamérica, cuando en México fue de 250 millones. Al siguiente año, en 2003, las pérdidas se incrementaron a nivel mundial con un monto de 29,000 millones; en Latinoamérica fueron de 1,272 millones y en México de 369 millones dólares. Estas pérdidas fueron calculadas con base en el número de programas instalados legalmente y la cantidad de usuarios finales con programas corriendo en sus PCs.

Para entender cómo la Asociación determina dichos porcentajes, Alonso Parra, representante de la BSA región Occidente en México, explicó que la metodología consiste en tomar como indiciadores las ciudades más importantes e intermedias (con potencial de crecimiento) del país y, con base en ese número, determinar el índice. Al mismo tiempo, se toma en cuenta las auditorias llevadas a cabo por la BSA, el número de máquinas instaladas y el nivel de ventas por PC en cada región. De estos indicadores se obtiene el promedio de ventas de software y el resultado en función de las visitas y de las ventas de los socios de la BSA.

"Las pérdidas suben por el costo del software, aunque los índices de la piratería bajan; es decir, el costo es mayor a pesar de que el número de programas ilegales baje", acotó Parra, quien además recordó la campaña "Integrando un México Legal" donde el Gobierno Federal, la iniciativa privada y las asociaciones de la industria -como Anadic y AMISSI- participan con la BSA para detectar la venta de software ilegal.

A partir del 2004 esta campaña implantó mecanismos para detectar el software ilegal en establecimientos comerciales, integradores de cajas blancas y puntos de venta de tecnología donde se prestan servicios de soporte y asesoría junto a la venta de PCs.

"La finalidad de la campaña es que los integradores vendan software legal, de acuerdo con las licencias de los fabricantes. De manera conjunta, el objetivo es impulsar el desarrollo de la tecnología en México, un nicho que ha sido golpeado por la piratería", reconoció el entrevistado; asimismo, expuso que la campaña también intenta proteger a los equipos para que reciban garantías y soporte.

Los resultados de la campaña al cierre del 2004 dieron un saldo de 500 ensambladores dedicados a la venta de software ilegal en 17 ciudades del país; éstos fueron descubiertos gracias al envío de cartas y a las visitas en los establecimientos a través de compras encubiertas (estas visitas fueron grabadas y almacenadas como evidencia del ofrecimiento).

Después de un descubrimiento como éste la BSA notifica al infractor y le solicita la firma de un convenio para instalar procedimientos de control y supervisión de venta de software, en el que se compromete a entregar el software ilegal y desglosar en cada venta el costo del software vendido.

"Encontramos reincidencia por parte de algunos ensambladores, a los cuales se les ha realizado querellas de carácter penal y administrativas (infracciones por violación a los derechos de autor, por ejemplo)", mencionó el representante de la BSA.

El fabricante tiene el derecho de exigir una indemnización de 40% del precio del producto -tanto administrativo como penal- independiente a la multa que establece el Código Penal de 200,000 a 400,000 pesos pagables al gobierno.

Por otro lado, señaló que los miembros de la BSA tienen un canal de distribución formal y, con base en éste, se investiga a los ensambladores o son los mismos canales quienes denuncian las prácticas ilegales y los propios usuarios finales afectados. En estos esfuerzos es donde participan las asociaciones con esquemas de difusión de la campaña; sin embargo, será en el transcurso de este año cuando se vea los porcentajes de los miembros de Anadic y AMISSI que participan en prácticas ilegales.

El programa de difusión de la BSA consiste en divulgar las consecuencias de este tipo de prácticas, tanto con el usuario como con el canal. Anteriormente los argumentos más comunes para justificar la piratería era la ignorancia; ahora, añadió Parra, casi el 80% de los usuarios sabe que deben pagar por el software. El precio es otro argumento que sigue vigente; "pero en la medida que se impulsa el uso legal, las ventas mejorarían y el costo bajaría", reflexionó.

En el caso del ensamblador, dijo, la excusa para recurrir a la venta de software ilegal es la competencia desleal y el precio, pues éste argumenta que no puede competir con determinados costos.

De acuerdo con Parra, fabricantes y mayoristas nacionales y regionales apoyan al canal con precios especiales y, al mismo tiempo, impulsan en la campaña el hecho del desglose de los precios, sobre todo en el canal.