El Tribunal de Defensa de la Competencia corrobora la legalidad del canon de CDs

ste organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha confirmado que el canon "es una conducta amparada por la ley" y que el mismo "desarrollo acelerado" de estos soportes digitales "se vio favorecido por el hecho de que sus comercializadores se negaban a pagar a las entidades de gestión la remuneración por copia privada".

Las denuncias presentadas se sostenían en dos conceptos legales, 'abuso de posición dominante' y 'fijación de precios'. AI, Hispalinux y De la Cueva coincidieron también en centrar sus denuncias en Asimelec, la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones y la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, pese a que el acuerdo para la implantación del canon digital también había sido suscrito por otras cuatro entidades de gestión: AIE, AISGE, AGEDI y DAMA.

Sin embargo, el subdirector general sobre Conductas restrictivas de la Competencia, José Manuel Rodríguez de Castro, apunta en una resolución judicial que cometer las dos supuestas infracciones que se imputan "va contra toda lógica".

"Puesto que el acuerdo entre la SGAE y Asimelec es entre partes con intereses enfrentados y en cuya negociación se ha invertido más de un año, cabe descartar sin mayor análisis la posibilidad de un abuso de posición dominante", asegura Rodríguez de Castro.

En cuanto a la fijación de precios, el subdirector general recalca que la remuneración "no es el resultado de un proceso de discusión entre los deudores y las entidades de gestión", sino que se aplica "directamente por ley, la Ley de Propiedad Intelectual".

En este sentido, Rodríguez de Castro recuerda que "la copia sustituye a la compra de la obra copiada" y causa un perjuicio a los que obtendrían un beneficio por su venta (autores, editores, productores, artistas)".

"Para solucionar el conflicto, la Ley adopta una doble decisión: permitir las copias para uso privado y establecer el derecho de cada perjudicado a una remuneración", afirma Rodríguez de Castro.

Las espadas en todo lo alto

La decisión de la dirección general de la Defensa de la Competencia no es —en ningún caso— una resolución definitiva en el caso del canon. El abogado Carlos Almeida, del Bufet Almeida, asegura que el canon es el síntoma de una efermedad más grave. "Es el reflejo de un pacto entre empresas para el perjuicio de los consumidores", asegura el letrado.

"En ningún caso comparto la resolución" y "el único camino contra el canon son los Tribunales de Justicia". Según Carlos Almeida, la respuesta judicial tendría dos vertientes diferentes, una ante el Tribunal Constitucional, ya que el canon debe fijarlo el Gobierno y éste no se ha pronunciado todavía al respecto; y la otra a través de una denuncia penal por maquinación para alterar el precio de la cosas, lo que es una alternativa poco segura.

Según el art.25 de la Ley de Propiedad Intelectual: "El Gobierno establecerá reglamentariamente los tipos de reproducciones que no deben considerarse para uso privado a los efectos de lo dispuesto en este artículo; los equipos, aparatos y materiales exceptuados del pago de la remuneración, atendiendo a la peculiaridad del uso o explotación a que se destinen [...]".

AI contraataca

La Asociación de Internautas ha recurrido la decisión ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y asegura que el principal uso y destino de los soportes digitales vírgenes es el uso informático.

Víctor Domingo, presidente de la AI, ha asegurado que la mayoría de los usuarios están haciendo copias de CD que no tienen derecho de autor.

La AI reclama el derecho a la copia privada y asegura que el canon impuesto a los CD vírgenes no tiene ningún sentido cuando la mayoría de los DVD y CD se presentan ya con sistemas anticopia.

Si el Tribunal de Defensa de la Competencia no les ampara, la Asociación de Internautas hará extensible su queja a la Unión Europea y a los juzgados ordinarios de Justicia.