Bajarse música y vídeos de internet es un delito con pena de cárcel desde hoy

sta reforma supone un total de 144 modificaciones en el Código Penal que, al margen de los profesionales que trabajan en el ámbito judicial, afectarán al ciudadano. El objetivo del Gobierno es actualizar las leyes en función de las nuevas necesidades surgidas en los últimos años y corregir los fallos de su aplicación, según publica el Diario de Sevilla.

El Código Penal en vigor hasta ayer fue aprobado en 1995 y ya en 1998 el Congreso de los Diputados instó al Consejo General del Poder Judicial a reformar algunos aspectos. El nuevo texto legal forma parte de la reforma impulsada por el anterior Ejecutivo del PP, aprobada a finales de 2003, aunque se estableció una demora en su aplicación (vacatio legis) hasta octubre de este año.

El nuevo Código Penal modifica el régimen de penas y su aplicación e introduce nuevas figuras delictivas que responden a las más "acuciantes preocupaciones sociales". La reforma se divide en dos partes: una general –que aborda la duración y ampliación de las distintas penas– y otra especial que se centra en la penalización de conductas delictivas relacionadas con el uso del material pornográfico, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, la conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol y las drogas, el maltrato a los animales y otras cuestiones ambientales y la mejora técnica de delitos contra la salud pública.

Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial serán castigados desde hoy con penas más duras y podrán ser perseguidos también de oficio, sin necesidad de denuncia previa. En concreto, el nuevo código establece que "será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus concesionarios".

La misma pena se establece para quien almacene o exporte ejemplares plagiados y quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o neutralización de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger programas de ordenador.

Estas modificaciones introducen figuras delictivas que criminalizan conductas que hoy son muy habituales, como bajarse una canción de internet, disponer de un programa en el ordenador para hacer una copia –incluso privada– de un CD o DVD que se haya adquirido, desbloquear un móvil o saltarse una contraseña de acceso a un servidor de pago. Los consumidores creen que la aplicación de estas normas será muy difícil y polémica ya que las soluciones están muy generalizadas y es difícil poner vallas al campo.

La reforma se endurece en este ámbito y pretende que la interpretación de la ley impida penar determinadas conductas graves. Así, en lo que se refiere a la pornografía infantil se endurecen las penas y se introducen novedades que castigan la posesión para uso propio de material pornográfico en el que se haya utilizado a menores o a incapaces con penas de tres meses a un año de cárcel o multa de seis meses a dos años. La condena se eleva hasta cuatro años de prisión si, además, se produce, distribuye, vende o exhibe este material.

Las estimaciones de las organizaciones que luchan contra esta pornografía cifran en un millar el número de internautas españoles que podrán ser acusados desde hoy de esta nuevo delito.

Además, según el nuevo texto judicial, las empresas con sitios en internet donde se exhibe o comercializa con estas imágenes estarían incurriendo en un grave delito. Actualmente, se calcula que hay cuatro millones de sitios en internet en los que se permite el acceso a este material pornográfico.

El acoso sexual es una conducta que se penaliza ahora con la prisión, de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses. La agresión sexual se castiga con un máximo de doce años de cárcel.

La defensa y protección del medio ambiente están muy presentes en esta reforma judicial. Así, se establecen penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de 8 a 24 meses para quien corte, tale, arranque, queme, recolecte o efectúe tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de flora amenazada o destruye o altere gravemente su hábitat. Si el daño es leve, el castigo se reduce a una multa de 10 a 30 días o de 10 a 20 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Otro de los cambios da respuesta a la demanda de muchas protectoras de animales que exigían el endurecimiento de las penas por abandono y maltrato de animales domésticos. Así, estas conductas se traducirán en penas de tres meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales si se mata o lesiona gravemente al animal en una agresión con ensañamiento.

Los accidentes de tráfico y la seguridad en las carreteras es uno de los temas de mayor impacto social y, por ello, no escapa tampoco de esta esperada reforma judicial. El Código Penal establece penas de 3 a 6 años de cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas y de 6 meses a dos años para conductas temerarias al volante. También se fijan multas más elevadas –de 600 a 3.000 euros y depósito del vehículo durante un mes– para quien circule sin el seguro obligatorio.

A primera vista parece una medida muy estricta, sin embargo las asociaciones de automovilistas consideran que se está creando una alarma social innecesaria porque las condenas de prisión serán en casos muy puntuales. Según la abogada de la asesoría jurídica de RACE, Gloria Vinader, "a pesar de que es un endurecimiento en la legislación, existe un fuerte grado de discrecionalidad del juez, que hará uso de sus propios criterios para imponer una pena de cárcel".

La ley introduce medidas para favorecer la rehabilitación de aquellos que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de drogas, alcohol o sustancias psicotrópicas, y permite obtener el beneficio de la suspensión cuando las penas impuestas sean hasta de cinco años, y no sólo hasta tres como ocurría ahora. También, con respecto al tráfico de drogas, se aplican agravantes a un mayor número de casos, como aquéllos en los que el delito se comete en centros docentes, unidades militares, establecimientos penitenciarios o locales de rehabilitación, o si se hiciese uso de armas.

Unos diez mil abogados de toda España participaron ayer en una jornada a través de internet celebrada desde varios colegios del país para ponerse al día en la nueva legislación y poder aplicar desde hoy el centenar de modificaciones fijadas en el Código Penal. Sus manuales, desde hoy, han quedado desfasados.