La mayor operación contra la piratería informática en Europa acaba con una querella contra la policía

a querella, presentada esta misma semana en los juzgados y a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que la policía informó de que se habían aprehendido medio millón de cedés y DVDs vírgenes "ilegales" que, menos de tres meses después, fueron devueltos a la empresa propietaria, CD World S.L., por la juez que investiga los hechos, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, al demostrarse su legalidad.

La denuncia también pone de manifiesto que la información divulgada a los medios de comunicación por parte de la policía respecto a la operación aseguraba que se habían detenido a 14 personas --diez españoles, un danés, un británico, un sueco y un cubano-- pertenecientes a diferentes empresas de la distribuidora Grupo CD World, cuando dichos arrestos no se habían producido.

Los denunciantes, cuatro de las empresas afectadas y sus correspondientes directivos, tres de las cuales están vinculadas a Grupo CD World: Grupo CD World S.L., 34T S.L., y PricewinNetworks S.L., reclaman por los "daños y perjuicios (materiales y morales) que han sido y continúan siendo muy cuantiosos" causados con la publicación en los medios de comunicación de dichas imputaciones falsas. La querella también va dirigida contra la Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior de la Administración del Estado) como responsable civil solidario (o subsidiario).

"MILLONES DE EUROS" DE PERJUICIO.

Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, "podríamos estar hablando de millones de euros", dado que "no solos se atentó al honor" de las personas que entonces habían sido supuestamente detenidas sino que también "se causó graves perjuicios a las empresas implicadas" en su "viabilidad enconómica, pues el descrédito padecido supuso el cierre del mercado de proveedores, el cese de créditos bancarios y el rechazo de compras por parte de clientes".

Kim Sorensen, el consejero delegado de CD World, empresa a la que devolvieron los 500.000 CDs y DVDs incautados, con un valor en el mercado de unos 400.000 euros, aseguró, en declaraciones a Europa Press, que "se han puesto en peligro cuarenta puestos de trabajo y se ha interrumpido un crecimiento exponencial de facturación al hacer pública una información que, a fecha de hoy, se sabe que es falsa".

La incautación de este medio de millón de discos, que la policía aseguró que eran ilegales y que se ha demostrado que eran "totalmente legales", como dictó la juez y el fiscal, amén de la propia multinacional Philips, propietaria de la patente de estos productos, y que ratificó que los discos que distribuye esta empresa investigada son legales y que fueron fabricados y adquiridos con licencia, se produjo a instancias de la juez y tras una denuncia presentada por la Asociación Fonográfica y Videográfica española (AFYVE).

"El objetivo es, no sólo recuperar el perjuicio para la compañía, sino también averiguar los motivos que llevaron a la policía a difundir una información que en su día ya se veía que no tenía base real", añadió Sorensen.

LA OPERACION POLICIAL.

La operación fue llevada a cabo el 30 de junio de 2003 por el Grupo de Delitos Tecnológicos y contra la Propiedad Intelectual de la Jefatura de la Policía Nacional en colaboración con la Guardia Urbana y con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la AFYVE.

En este sentido, entre otras irregularidades, en la querella se recoge que durante la operación policial de entradas y registros, agentes de la Guardia Urbana, que no fueron autorizados por la juez, provistos de cámaras para la filmación fueron los primeros en entrar en las sedes de las empresas. Las imágenes fueron distribuidas con posterioridad a las televisiones para su difusión.

Además de los policías, en las entradas y registros, en las que se intervinieron más de 500.000 discos ópticos, así como diverso material informático, también accedieron a las dependencias de una de las sedes del Grupo CD World, un técnico de AFYVE y alto cargo de Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), organización a la que pertenece AFYVE, que "no estaban autorizados por la orden judicial".

INSTIGADORES.

Por ello, además de los dos altos cargos policiales, el abogado que ha presentado la querella se reserva el derecho a ampliarla contra estas sociedades porque fueron los instigadores de las "manifestaciones" que se realizaron por parte de la policía "con temerario desprecio a la verdad" al dejarse guiar "por el proceder de los técnicos" de AFYVE, que aseguraron que los CDs y DVDs eran ilegales.

De hecho, en la nota de prensa difundida en su día por la policía se afirmaba que "por AFYVE se sabe" que CD World "importa ilegalmente millones de CDs procedentes de Taiwán y los mismos pueden importarse vírgenes aunque pirateados, o grabados e importados como vírgenes (para posteriormente ser serigrafiados a petición del cliente)".

A pesar de todo ello, poco más de dos meses después de la incautación del material, la juez dictó una oficio por el que ordenó devolver a su propietario los 500.000 CDs y DVDs vírgenes que permanecieron en contenedores de la SGAE, mientras estuvieron intervenidos.

La otra calumnia a la que hace referencia la querella es al arresto de los 14 ejecutivos porque en el momento en el que se realizaron las entradas y registros "ninguna persona fue detenida" y únicamente se les entregó una citación en la que "simplemente se les emplazaba para comparecer en la Jefatura Superior de Policía por 'un asunto oficial' o 'por un asunto de su interés'", según recoge la denuncia.

De hecho, desde el primer momento, el caso ya enfrentó a la policía y a la juez instructora del caso porque en la nota difundida a los medios de comunicación por la policía la mañana del martes 1 de julio de 2003 se afirmaba que se había detenido a 14 personas y la juez tuvo que corregir dicha información al día siguiente de su publicación, ya que hasta ese momento no se había realizado ninguna detención.

DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En la querella se recoge que AFYVE acusó a CD World de un delito contra la propiedad industrial por la "presunta importación de discos vírgenes por no pagar las licencias a Philips, dueña de la patente", y dicha asociación se encargó de "emitir informes sobre la presunta ilegalidad de los discos", lo que fue acatado por la policía, aunque era sabedora que los autores de los informes eran los propios denunciantes.

La querella recuerda que la devolución de los discos se realizó por orden de la juez a instancias de la Fiscalía y que ninguna de las partes denunciantes recurrió dicha decisión, reconociendo con ello la legalidad de dicho material.

No obstante, el juzgado no ha cerrado aún toda la causa por cuanto sigue investigando la venta de duplicadores de CD y tiene aún incautadas una cincuentena de estos aparatos. Sin embargo, más de un año después de haber abierto las diligencias, a fecha de hoy aún no ha citado a declarar a ninguno de los imputados, lo que, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, "es un hecho insólito".