La Guardia Civil detiene a 5 personas por defraudar 35 millones a 45.000 usuarios con marcadores de Internet

a denominada 'Operación Sable', llevada a cabo en Madrid y Pontevedra, se centró en los responsables de una empresa situada en Vigo, pero con sede social en Villaviciosa de Odón (Madrid), se inició con la denuncia de un internauta que recibió una factura telefónica de 1.300 euros por llamadas a un 906.

Los estafados, algunos de los cuales recibieron facturas de más de tres mil euros, habían accedido a un conjunto de 150 páginas de Internet de contenidos musicales y pornográficos, que han sido clausuradas por orden judicial.

Los detenidos, que tienen entre 30 y 39 años, habían creado más de 150 páginas web de música, pornografía, coches, ocio y viajes para cometer el fraude.

La denominada operación "Sable" se desarrolló en Pontevedra y Madrid. En Vigo se encontraba la empresa que gestionaba el servidor de las páginas que realizaban el desvío hacia estos números de teléfono, mientras que la sede social de la empresa estaba en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón.

La Guardia Civil, que aseguró que algunos usuarios habían recibido facturas de teléfono por más de 3.000 euros, informó de que las investigaciones comenzaron el año pasado tras recibir la denuncia de una persona a la que se habían facturado 1.300 euros en llamadas a un teléfono 906.

El fraude comenzaba al conectarse el usuario a una de las páginas creadas por esta banda, momento en que se instalaba automáticamente un programa informático 'Dialer' que permitía el cambio de conexión sin autorización del usuario a líneas de tarifa adicional 906, 907 y 806.

Tras finalizar la conexión a la web el programa continuaba oculto en el equipo y se activaba al conectarse de nuevo a la red.

La Guardia Civil ha calculado que el fraude podría superar los 35 millones de euros teniendo en cuenta que las tarifas para estos números tienen un coste de más o menos 1 euro por minuto.

Las páginas web y servidores utilizados para cometer el fraude han sido clausuradas, mientras que se han intervenido cuentas bancarias y depósitos para solventar posibles indemnizaciones, señaló la Guardia Civil.