UCE acusa a Telefónica de tener el servicio ADSL más lento y caro de Europa

A través de un comunicado difundido hoy, la UCE critica que "no se han establecido las infraestructuras necesarias para ofrecer un servicio de calidad accesible para todos y que supere las actuales deficiencias" que presenta la banda ancha ADSL en la región, considerada "una tecnología clave para el desarrollo de la sociedad".

La UCE ha recibido varias quejas de los usuarios de Internet de la región, porque la velocidad de conexión a la red "es muy inferior a la que establecía la oferta publicitaria que recibieron y el contrato que firmaron".

Los usuarios de Internet se quejan por el cobro de servicios "que no han recibido" y por "la posición de superioridad" que adoptan las operadoras y las compañías que dejan "en plena indefensión a los ciudadanos".

Según la UCE, los proveedores de servicios de Internet y ADSL tienen contratos con cláusulas abusivas que obligan a sus clientes a recibir en exclusiva sus servicios durante años, a lo que añaden que "las compañías no suelen hacerse responsables de los fallos en las comunicaciones y ponen trabas burocráticas para que el usuario consiga la baja del servicio".

La Unión de Consumidores ha verificado que los servicios de atención al cliente son "muy deficientes" en la resolución de problemas técnicos y en la cualificación de las personas que prestan este servicio, ya que, "en muchas ocasiones, el usuario tiene que hablar con un contestador que no facilita con claridad los datos".

A causa de la indefensión de los usuarios de Internet por la falta de regulación jurídica que les proteja, la UCE pide que se complete la regulación con una ley de calidad en la Red que permita a los ciudadanos conocer sus derechos y controlar el mercado.

Potenciar los requisitos legales de constitución de las operadoras y verificar con inspecciones la calidad de los servicios que prestan, así como articular sistemas de control de la calidad del servicio que se le ofrece al internauta, son algunas medidas que deberían aplicarse, según la UCE, para proteger a los usuarios.