La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ha pedido al ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, que la nueva regulación sobre números de tarificación adicional en Internet incluya que éstos deban ser activados de forma voluntaria por parte de los usuarios (opt-in), para evitar así los ingentes casos de fraude que sufren en sus facturas telefónicas. En los últimos meses el presidente de la AUI, Miguel Pérez Subías, ha mantenido diversos encuentros con altos cargos de Ciencia y Tecnología, entre ellos el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Carlos López Blanco, para exponer sus principales reclamaciones ante los timos que explotan el desconocimiento de los internautas.
simismo, la AUI quiere que este procedimiento 'opt-in' sea controlado y gestionado por el operador al que pertenece la línea telefónica del abonado. "Queremos transparencia y que los usuarios sepan quién les está facturando de más", precisó Pérez Subías, quien confió en que algunas de sus propuestas sean finalmente incluidas.
"Ahora, el problema es que el usuario no sabe en qué páginas de Internet se han producido los recargos y, además, queremos que exista una corresponsabilidad entre los dueños de los números y los responsables de los sitios web", añadió.
La AUI ha constatado como en los últimos tiempos ha aumentado "de forma preocupante" el número de quejas presentadas sobre este problema, que afecta, sobre todo, a niños, adolescentes y personas mayores, siendo de especial gravedad para los usuarios que tiene tarifas planas a través de la red telefónica básica.
Fuera de España
Además, ha comprobado que el origen de estos fraudes está en sitios web que no informan correctamente, instalan programas ('dialers') y modifican el ordenador del usuario sin advertirle previamente, estando ubicados, en muchos casos, fuera de España. En muchos casos incluso cambian su ubicación en la Red para dificultar su identificación.
Pérez Subías lamentó la "extrema complejidad" que entraña la resolución de estos conflictos y aseguró conocer las denuncias presentadas por varios internautas por vía administrativa, con fraudes que oscilan entre los 3.000 y los 9.300 euros. "El problema es que la capacidad de aportar pruebas por parte de los usuarios es muy limitada", se lamentó el presidente de la AUI.
Finalmente, destacó que estas trabas no hacen sino frenar el desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país, porque, para impulsarla, es "muy importante generar confianza" en la Red. "Hemos visto bastantes malas prácticas cogiendo la ley con alfileres, por lo que hay que frenar a los que buscan estos resquicios legales para timar en Internet", concluyó.
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